El tema de supuestas persecuciones por parte de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) ha cobrado relevancia nuevamente en el plenario legislativo.
Esta semana, el diputado Manuel Morales, durante una audiencia en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, cuestionó directamente a un funcionario de la DIS sobre si la institución daba seguimiento a legisladores o a sus allegados, reviviendo discusiones anteriores sobre este tema.
Según la denuncia, se trataría de un agente de la DIS que, presuntamente, abusó de su conocimiento y posición para perseguir a un civil. El diputado Morales explicó que se puso en conocimiento de la DIS que el oficial habría colocado un dispositivo de rastreo en un vehículo particular.
Esta situación, según el legislador, genera dudas sobre los protocolos, controles y el perfil del personal que integra este cuerpo policial, lo que motivó su consulta en la comisión.
Perspectiva legal
El abogado penalista y exfiscal José Pablo Murillo señaló que la situación legal del uso de un GPS puede variar significativamente dependiendo de si existía una investigación judicial que lo respaldara o si fue una acción deliberada e independiente del funcionario público sin autorización legal.
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Este contexto legal es clave para determinar la gravedad y las posibles consecuencias de lo denunciado. En medio de esta coyuntura, recientemente se rechazó en el Plenario una moción que buscaba investigar una supuesta persecución generalizada de la DIS a diputados o sus allegados, lo que añade una capa más a la tensión sobre este tema.
