Con la aprobación en primer debate, avanza la reforma a la Ley 24.028, que busca sancionar con mayor rigor a quienes recluten, involucren o utilicen a menores de edad en la comisión de delitos.
La iniciativa establece penas de 4 a 6 años de prisión para quienes participen en el reclutamiento de menores con fines ilícitos. Además, la condena podría incrementarse hasta 8 años si el acusado:
- Amenace al menor o a su núcleo familiar.
- Use coerción para forzar su participación en actividades delictivas.
El proyecto, que aún debe superar el segundo debate para convertirse en ley, forma parte de los esfuerzos por proteger a la población infantil y adolescente de la explotación por parte de grupos criminales.