El Presidente Rodrigo Chaves vetó el proyecto de ley que permitiría la jubilación anticipada para agentes del Organismo de Investigación Judicial a los 55 años.
La iniciativa, que había sido aprobada por el Congreso el pasado 22 de abril con el respaldo de 40 diputados, quedó frenada por decisión presidencial.
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El Ejecutivo justificó su decisión argumentando que la norma presenta graves problemas de constitucionalidad, señalando específicamente:
- Violación al principio de sostenibilidad financiera.
- Según el gobierno, la promulgación de esta ley afectaría negativamente el equilibrio de las finanzas públicas y el funcionamiento del régimen previsional del Poder Judicial.
- Por su parte, los defensores del proyecto, como la jefa de bancada del Frente Amplio, Rocío Alfaro, argumentan que la iniciativa busca promover el relevo generacional en el OIJ y sostienen que no compromete la sostenibilidad del régimen. La diputada independiente Gloria Navas enfatiza que la propuesta es necesaria dado el constante desgaste físico y psicológico que enfrentan estos funcionarios.
Para revertir el veto presidencial se requieren al menos 38 votos en el Plenario. Si el Ejecutivo no convoca el proyecto durante las sesiones extraordinarias, los legisladores deberán esperar hasta agosto, cuando se retomen las sesiones ordinarias y el Congreso recupere el control de su agenda.
