La propuesta de la candidata presidencial Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), de permitir la suspensión o levantamiento de garantías constitucionales en casos “estrictamente necesarios”, ha generado una amplia ola de reacciones políticas y jurídicas en el país.
Durante la presentación de su planteamiento, Fernández sostuvo que esta medida buscaría dotar al Estado de herramientas excepcionales para enfrentar situaciones de crisis, en las que la seguridad nacional o el orden público estén en riesgo haciendo «toque de queda».
Las críticas
Sin embargo, la sola posibilidad de limitar derechos constitucionales encendió las alarmas entre distintas fracciones legislativas y analistas.
La diputada Montserrat Ruiz, del Partido Liberación Nacional (PLN), calificó la propuesta como una medida gravísima, al considerar que atenta contra los principios básicos del Estado de Derecho.
Según explicó, la suspensión de garantías podría abrir la puerta a abusos de poder y a interpretaciones arbitrarias de la ley. “Es como jugar con fuego”, afirmó, dejando claro que, de haber sido diputada durante la próxima administración, votaría en contra de cualquier iniciativa en esa línea.
Por su parte, la diputada oficialista Pilar Cisneros aseguró que, antes de emitir un criterio político, esperarán la valoración técnica y jurídica sobre la viabilidad de esta propuesta e incluso es una opción considerada por Rodrigo Chaves.
No obstante, reconoció que se trata de un tema sumamente delicado, que requiere prudencia y análisis profundo. “Cualquier cambio en esta materia debe manejarse con sumo cuidado”, insistió.
Desde la perspectiva legal
El abogado penalista Joseph Rivera también se refirió al tema, señalando que aunque en teoría podrían hacerse ajustes constitucionales para permitir una medida de este tipo, la Sala Constitucional podría ser un obstáculo en caso de una propuesta que limite derechos fundamentales.
Rivera advirtió que la iniciativa podría enfrentarse a serios cuestionamientos por parte de juristas y organismos defensores de derechos humanos.
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El planteamiento de Laura Fernández reabre el debate sobre los límites entre la seguridad y las libertades individuales, en momentos donde el país atraviesa un contexto político sensible de cara a las elecciones del 2026.
La discusión, según expertos, podría marcar un punto de inflexión en torno a la relación entre el poder ejecutivo y el marco constitucional costarricense.
