Los diputados discuten un proyecto de ley que busca obligar a todas las personas privadas de libertad a trabajar, estudiar o cumplir con ambas opciones durante el tiempo que permanezcan en prisión.
La propuesta, impulsada en el expediente 24.612 por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), establece que esta condición sería requisito para acceder a beneficios penitenciarios.
El apoyo
El planteamiento también cuenta con el respaldo de el diputado Fabricio Alvarado, de Nueva República.
Según sus defensores, la medida tiene como objetivos principales reducir la reincidencia delictiva, dotar de herramientas para la reinserción social y disminuir el alto costo que implica para el Estado mantener a los reos en cárceles sobrepobladas.
El proyecto abre la posibilidad de que los internos participen en labores de manufactura, construcción, producción agroindustrial u otras actividades, siempre bajo la supervisión de la Dirección General de Adaptación Social.
Las jornadas
El texto contempla que las jornadas no podrán superar las ocho horas diarias y que no se podrá lucrar con el trabajo de los internos en beneficio de empresas privadas.
Sin embargo, en el debate surgieron dudas sobre el límite entre una obligación enfocada en la reinserción y el riesgo de caer en prácticas similares al trabajo forzado.
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La Asamblea Legislativa deberá resolver si esta iniciativa se convierte en ley y marca un cambio estructural en el sistema penitenciario costarricense.
