Una nueva propuesta de ley pretende asegurar que todas las playas del país tengan al menos tres accesos públicos, con el objetivo de frenar la privatización progresiva y la gentrificación costera que ha limitado el libre tránsito de los ciudadanos costarricenses.
La iniciativa surge como respuesta al aumento de denuncias por bloqueos, portones y construcciones privadas que impiden llegar al mar. Según el texto, las municipalidades deberán identificar, registrar y señalizar los accesos existentes y, cuando sea necesario, crear nuevos pasos para garantizar el cumplimiento de la norma.
El proyecto plantea que cualquier obstáculo que impida el paso al mar será considerado una falta grave contra el dominio público, y que las autoridades locales deberán actuar de oficio para reabrir caminos, retirar cercas y sancionar a los responsables.
Además, la ley busca equilibrar el desarrollo turístico con los derechos ciudadanos, promoviendo espacios más inclusivos y sostenibles en las zonas costeras. De aprobarse, se convertiría en una de las reformas más importantes en materia de acceso público en las últimas décadas, reforzando el principio constitucional que establece que las playas pertenecen a todos los costarricenses.
