Denunciante de caso barrenador pasó a ser sospechoso en investigación del caso.
El caso Barrenador, que sacudió a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), dio un nuevo giro. Un funcionario que en principio figuraba como denunciante pasó a convertirse en sospechoso dentro de la investigación penal.
Todo comenzó con los señalamientos sobre la eliminación de al menos 300 correos electrónicos y cuatro archivos de OneDrive.
Los hechos se habrían dado justo cuando se realizaban los allanamientos en la CCSS el 23 de setiembre de 2024.
Los operativos
El Ministerio Público y OIJ desarrollaron seis operativos, entre ellos en la casa de un asesor de la Gerencia Médica, de apellido Herrera.
La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción considera que estos movimientos digitales no fueron casuales sino más bien deliberados.
Por ello, quien inició como colaborador en la denuncia fue señalado ahora como posible responsable de los borrados, cambiando su estatus a sospechoso.
Las denuncias que dieron pie a esta causa también desencadenaron un efecto dominó.
Las consecuencias
Entre las consecuencias más visibles estuvo la salida forzada de la entonces presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Eugenia Esquivel, quien llegó a ser trasladada en una unidad policial conocida como “perrera”, un hecho que generó fuerte repercusión pública y política en el país.
El Presidente de la República, Rodrigo Chaves, se refirió en su momento al avance del caso en relación con el aparente sobreprecio en el servicio brindado por los EBAIS.
Ahora, el proceso judicial entra en una etapa decisiva. El Ministerio Público busca definir eventuales medidas cautelares contra el funcionario investigado y determinar si se presentará una acusación formal.
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El giro del caso, que inició con un denunciante y ahora exhibe a un nuevo sospechoso, mantiene la atención sobre la transparencia institucional y la responsabilidad de los jerarcas en el manejo de la información pública.
