Se les relaciona con el caso «Madre Patria»
El caso «Madre Patria» implica una investigación profunda sobre una supuesta red dedicada al fraude registral y la legitimación de capitales en Costa Rica.
Según las autoridades, esta red habría realizado apropiaciones irregulares de propiedades, particularmente de extranjeros y adultos mayores, con el objetivo de venderlas de manera fraudulenta. Se sospecha que dentro de la red participaron notarios, funcionarios públicos y otros actores claves en los procesos legales.
Los operativos
La Fiscalía y el OIJ incautaron los teléfonos celulares de diversas funcionarios públicos entre ellos:
* La alcaldesa de San Ramón, Gabriela Jiménez
*El diputado Leslye Bojorges
* El viceministro de Transportes, Carlos Ávila
* La presidente del IFAM, Marlen Luna.
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La investigación sugiere que Bojorges habría recibido dinero de un empresario del sector autobusero implicado en el proceso y que estos pagos se habrían gestionado por medio de la alcaldesa Jiménez, quien en ese momento trabajaba en la Asamblea Legislativa.
Se sospecha que estos fondos podrían estar vinculados a trámites relacionados con permisos y concesiones de transporte público. Ambos funcionarios han negado rotundamente las acusaciones.
