Laura Fernández declara secreto de Estado

El decreto restringe información sobre inteligencia, operaciones, presupuestos y compras de seguridad

La presidente de la República, Laura Fernández, declaró secreto de Estado para la información, los documentos y los archivos relacionados con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y el grupo de trabajo gubernamental Fuerza Élite. La medida tiene efecto inmediato y fue publicada este lunes en el diario oficial La Gaceta.

El decreto 45870-MSP establece que la reserva alcanza información vinculada con las operaciones de seguridad y la lucha contra el crimen organizado. Entre los datos protegidos están las capacidades operativas y los despliegues policiales. También figuran los protocolos de intervención, los planes de respuesta y los mecanismos de inteligencia. Además, se incluyen los recursos tecnológicos.

La medida también contempla el contenido de sesiones, reuniones, grabaciones, bitácoras, acuerdos y presentaciones generados por estos órganos. Además, quedan bajo reserva las estructuras de mando, los mecanismos de control, las evaluaciones de confiabilidad y otros documentos relacionados con el funcionamiento de estas instancias.

Uno de los puntos que amplía el alcance de la declaratoria tiene que ver con el uso de recursos públicos. El decreto incluye presupuestos, partidas e inversiones y expedientes de contratación. Esto abarca estudios previos y requerimientos técnicos, y ofrece ofertas, adjudicaciones, financiamiento, contratos y ejecución de proyectos.

Lea también Tras una década: ¿Cambió la cultura en Costa Rica?

El Gobierno justifica la decisión al señalar que Costa Rica enfrenta amenazas como el narcotráfico, el lavado de dinero, la trata de personas, el sicariato y otras formas de crimen organizado. Según las autoridades, hacer pública determinada información podría permitir a los grupos criminales identificar vulnerabilidades, evadir controles o afectar operaciones policiales.

La obligación de confidencialidad no se limita a los jerarcas. También alcanza a policías, personal de apoyo, asesores, consultores y contratistas que tengan acceso a la información protegida. En el caso de personas privadas que trabajen para estos órganos, el decreto establece que deberán someterse formalmente al secreto de Estado.

El decreto establece además consecuencias para quienes incumplan con esta reserva, entre ellas posibles sanciones administrativas y penales, así como la resolución de contratos cuando corresponda. La obligación de mantener la confidencialidad continuará incluso después de que termine la relación laboral o contractual con el Estado.