Iniciativa plantea uso de dispositivos de inmovilización eléctrica por cuerpos policiales

¿Puede tener un impacto positivo la implementación de dispositivos de inmovilización eléctrica en los cuerpos policiales? Un proyecto de ley presentado ante la Asamblea Legislativa plantea autorizar el uso de estas herramientas como un recurso adicional para atender situaciones de riesgo.
La iniciativa establece que los dispositivos únicamente podrán ser utilizados por oficiales previamente capacitados y bajo criterios específicos relacionados con el uso de la fuerza.
Principios que deberán respetar los oficiales
El proyecto establece cuatro principios fundamentales para la utilización de estos dispositivos:
- Legalidad
- Necesidad
- Proporcionalidad
- Uso progresivo de la fuerza
Según la propuesta, estos dispositivos podrían utilizarse para neutralizar amenazas contra la vida o la integridad física, controlar a personas con comportamiento violento o impedir la comisión inmediata de un delito cuando otros medios disponibles resulten insuficientes.

“Los oficiales de policía utilizarán los dispositivos de conducción eléctrica conforme al uso progresivo de la fuerza según se determine en el reglamento de la presente ley, debiendo determinarse el nivel de resistencia o falta de cumplimiento ante la autoridad policial ya sea verbal, de acción u omisión”, añadio Kattia Mora, diputada oficialista.
Uso estaría sujeto a controles
Organizaciones internacionales han advertido que los dispositivos de inmovilización eléctrica no están exentos de riesgos y han recomendado limitar su utilización a situaciones en las que resulte estrictamente necesario.
Por esta razón, el proyecto contempla una serie de controles para cada intervención. Los oficiales tendrían que documentar cada utilización mediante un informe oficial, registrar la cantidad y duración de las descargas y brindar atención médica a la persona intervenida cuando las circunstancias lo requieran.
La propuesta busca establecer un marco regulatorio para el uso de estos dispositivos, bajo criterios de capacitación, proporcionalidad, supervisión y rendición de cuentas.


