Operativo contra “Pecho de Rata” costó ₡230 millones

El histórico operativo “Riverside”, ejecutado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para desarticular la organización criminal ligada al narcotraficante Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, representó un gasto cercano a los ₡230 millones en una sola jornada. Así lo reveló el director del OIJ, Michael Soto, durante una sesión de Corte Plena, al advertir sobre el impacto que tendrían los recortes presupuestarios en la lucha contra el crimen organizado.

El operativo más grande en la historia del OIJ

La denominada Operación Riverside es considerada el despliegue policial más amplio realizado por el OIJ contra una estructura dedicada al narcotráfico y la legitimación de capitales.

El pasado 23 de junio, más de un millar de agentes y funcionarios participaron en 141 allanamientos simultáneos efectuados en Limón, Cartago, San José, Heredia y Alajuela, así como en dos centros penitenciarios: el CAI Carlos Luis Fallas, en Pococí, y el Centro de Atención Institucional La Reforma.

Como resultado del operativo fueron detenidas 68 personas, señaladas de integrar o colaborar con la organización criminal que, según la Fiscalía, continuó operando incluso después de que su presunto líder fuera extraditado a Estados Unidos.

¿En qué se gastaron los ₡230 millones?

El director del OIJ explicó que el costo del operativo responde a la magnitud del despliegue logístico requerido para ejecutar las diligencias de manera simultánea.

Entre los principales gastos se incluyen:

• Pago de horas extra al personal.
• Alimentación de los equipos operativos.
• Hospedaje para funcionarios desplazados.
• Hidratación y suministros.
• Transporte terrestre y apoyo logístico.
• Recursos especializados para los allanamientos.

Soto señaló que este tipo de operaciones requieren una importante inversión económica debido a la coordinación entre distintas unidades policiales y fiscales.

Recortes pondrían en riesgo futuras operaciones

Durante su intervención ante los magistrados, Michael Soto manifestó su preocupación por la reducción presupuestaria solicitada por el Poder Ejecutivo al Poder Judicial.

Según indicó, un menor presupuesto limitaría la capacidad del OIJ para continuar ejecutando operativos de gran escala y también afectaría áreas fundamentales como:

• La apertura de nuevas delegaciones en La Cruz, Cabo Velas y Puerto Jiménez.
• La compra de vehículos policiales.
• La adquisición de chalecos antibalas.
• La contratación de personal especializado.
• La realización de peritajes y pruebas de laboratorio.
• Los servicios de Medicina Legal.

“El impacto sería bastante severo”, advirtió el jerarca, al señalar que la institución tendría que priorizar algunos servicios si los recortes se concretan.

La estructura siguió operando tras la extradición de “Pecho de Rata”

La investigación del caso Riverside sostiene que la organización criminal no desapareció después de la captura y extradición de Edwin López Vega.

De acuerdo con la Fiscalía y el OIJ, la estructura habría continuado funcionando bajo el liderazgo de familiares y colaboradores cercanos, quienes asumieron funciones relacionadas con el tráfico de drogas, el manejo de recursos económicos y el ocultamiento de bienes mediante terceros.

Los estudios patrimoniales incluidos en el expediente revelan además la existencia de propiedades, vehículos de lujo, sociedades mercantiles y movimientos financieros que ahora forman parte de la investigación por legitimación de capitales.

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Caso continúa bajo investigación

Tras los allanamientos, decenas de sospechosos enfrentan procesos judiciales por presuntos delitos relacionados con narcotráfico, legitimación de capitales y delincuencia organizada.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar la participación de cada uno de los imputados y establecer el origen de los bienes que habrían sido utilizados por la organización criminal.

El caso Riverside es considerado uno de los golpes más importantes contra el crimen organizado en Costa Rica durante los últimos años y, según el OIJ, evidencia el alto costo económico y operativo que implica combatir estructuras criminales de gran capacidad logística.