Defensoría detecta atrasos, diferencias en costos y problemas de control en proyectos del AyA

Una investigación realizada por la Defensoría de los Habitantes sobre proyectos de infraestructura del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) reveló importantes inconsistencias en los registros institucionales, variaciones en costos, atrasos en cronogramas y dificultades en la ejecución de recursos destinados a obras estratégicas de agua potable y saneamiento.

El estudio analizó proyectos desarrollados en la Gran Área Metropolitana (GAM) entre los años 2019 y 2024, utilizando información del AyA, la Contraloría General de la República (CGR) y el portafolio institucional de inversiones. Uno de los principales objetivos fue verificar la consistencia y trazabilidad de la información empleada para planificar y dar seguimiento a las inversiones.

Entre los hallazgos más relevantes, la Defensoría determinó que el AyA no contó con un portafolio institucional consolidado de proyectos de inversión sino hasta el año 2024. La información se encontraba dispersa en distintas fuentes, lo que dificultó tener una visión integral sobre el estado de las obras, sus responsables, el financiamiento y el nivel real de avance.

La investigación también documentó diferencias significativas en las fechas registradas para algunos proyectos, llegando incluso a detectarse discrepancias de hasta casi una década entre distintas fuentes institucionales. Esta situación dificulta determinar con exactitud cuándo iniciaron las obras, cuándo debían concluir y cuál ha sido su evolución real.

Otro aspecto identificado fueron las variaciones en las estimaciones de costos. Según el informe, una misma obra puede presentar montos distintos dependiendo de la fuente consultada, lo que complica establecer cuánto se proyectó invertir, cuánto se ejecutó y cómo evolucionaron financieramente los proyectos a lo largo del tiempo.

La Defensoría destacó que esta situación adquiere especial relevancia debido a que las obras de agua potable y saneamiento son financiadas mediante recursos públicos, financiamiento externo, recursos institucionales y tarifas pagadas por los usuarios, por lo que la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales.

Además, el análisis evidenció una baja ejecución de recursos comprometidos. De los $126,4 millones correspondientes a contrapartidas nacionales para programas financiados con recursos externos, únicamente se habían ejecutado aproximadamente $32 millones al cierre del tercer trimestre de 2025, mientras que $94,4 millones permanecían sin utilizar.

Ante esto el aya indicó que el informe evidencia los retos históricos que ha enfrentado la institución en materia de infraestructura, señalando que desde el 2022 la institución viene fortaleciendo la planificación y la aceleración de proyectos.

El informe también identificó diferencias entre el avance físico y el avance financiero de algunos programas financiados con crédito externo. Por ejemplo, el programa BCIE 2129 registró un avance físico del 57,8%, pero un avance financiero de apenas 36,9%, reflejando una brecha de 20,9 puntos porcentuales. Por su parte, el programa BCIE 2164 presentó una diferencia de 12,6 puntos porcentuales entre ambas variables.

La Defensoría concluyó que, debido a la complejidad técnica, administrativa y financiera de estos proyectos, resulta indispensable fortalecer la planificación institucional, mejorar el seguimiento de cronogramas, garantizar la trazabilidad de los costos y acelerar la ejecución de los recursos para que las inversiones se traduzcan en mejores servicios de agua potable y saneamiento para la población.