El Fiscal General de la República, Carlo Díaz, evitó pronunciarse de forma clara ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sobre la posibilidad de establecer un reglamento que delimite y regule su gestión al frente del Ministerio Público.
La solicitud fue planteada inicialmente por el magistrado Orlando Aguirre, quien durante una sesión judicial enfatizó la necesidad de definir por escrito las funciones y alcances del fiscal general, mediante un reglamento formal. No obstante, Díaz respondió con un informe que se limitó a enumerar las funciones ya descritas en la legislación vigente.
Entre los argumentos del Fiscal General destaca el Artículo 35 del Estatuto Orgánico del Ministerio Público, el cual establece que puede dictar directrices e instrucciones de carácter general para el funcionamiento de esa institución. Sin embargo, los magistrados consideraron insuficiente esta respuesta, ya que no atiende la petición específica de un nuevo reglamento de funcionamiento.
El magistrado Gerardo Alfaro fue enfático en señalar que el proceso es claro y que incluso Díaz se había comprometido previamente con la elaboración de dicho reglamento, sin que hasta el momento haya cumplido con ese acuerdo.
La polémica se da en un contexto donde también se cuestiona el actuar de Díaz en otros ámbitos, como el caso de los 19 ascensos otorgados a una ex pareja sentimental, lo cual ha generado críticas desde el ámbito legislativo, especialmente entre figuras oficialistas.
Tras la deliberación, los magistrados acordaron otorgar un plazo de seis meses para que el fiscal general defina y presente un reglamento que establezca los límites y directrices de su función dentro del Ministerio Público.
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La discusión se desarrolla en medio de crecientes cuestionamientos al liderazgo de Díaz y al grado de autonomía con el que ha ejercido su cargo desde su nombramiento.
