El diputado Gilberto Campos Cruz, jefe de fracción del Partido Liberal Progresista, presentó un proyecto de ley denominado “Ley para garantizar la responsabilidad de las manifestaciones emitidas por redes sociales”, con el objetivo de actualizar el Código Penal costarricense frente a los desafíos del entorno digital.
La iniciativa plantea crear la figura de ofensas al honor agravadas cuando estas se cometan mediante redes sociales, medios de difusión masiva o comunicaciones electrónicas de amplio alcance, especialmente cuando las manifestaciones provengan de personas con capacidad de influencia en plataformas digitales, conocidas como influencers.
Adaptar la ley al contexto digital
Según explicó el legislador, el actual Código Penal de Costa Rica, aprobado en 1970, fue diseñado en una época en la que no existían redes sociales ni plataformas digitales capaces de difundir información de forma inmediata y masiva.
Por esta razón, el proyecto busca actualizar el marco jurídico para responder a una realidad comunicativa distinta, caracterizada por la rapidez con la que se pueden difundir contenidos, incluyendo mensajes que podrían resultar difamatorios o injuriosos y afectar el honor de las personas.
Investigación quedaría en manos del Ministerio Público
Uno de los aspectos centrales de la propuesta es que las ofensas al honor agravadas se tramitarían como delitos de acción pública a instancia privada.
Esto significa que el proceso iniciaría con la denuncia de la persona afectada, pero la investigación y persecución penal estaría a cargo del Ministerio Público de Costa Rica.
De acuerdo con el diputado Campos, esta medida busca evitar que las víctimas tengan que enfrentar por sí solas procesos legales complejos contra personas que cuentan con amplias plataformas de difusión en redes sociales.
¿Qué es el procedimiento de jactancia?
El proyecto también propone incorporar el procedimiento de jactancia, una herramienta legal destinada a enfrentar situaciones en las que una persona realiza acusaciones públicas graves contra otra como atribuirle delitos o vínculos con organizaciones criminales afirmando tener pruebas de dichas afirmaciones.
Mediante este mecanismo, el Ministerio Público podría requerir a quien hizo las declaraciones que presente las pruebas que asegura tener.
En caso de que no se aporten pruebas o estas no respalden las acusaciones difundidas, la persona afectada quedaría habilitada para impulsar la acción penal por ofensas al honor agravadas.
La iniciativa busca abrir el debate sobre la responsabilidad en el uso de plataformas digitales y el impacto que pueden tener las publicaciones en la reputación y el honor de las personas.
