Marta Esquivel abrió otro frente de choque político al proponer que el fiscal general deje de ser escogido por la Corte y pase a ser nombrado por la Asamblea Legislativa, una idea que ya empieza a mover el tablero institucional.
La diputada electa de Pueblo Soberano impulsa además que ese jerarca rinda cuentas ante el Congreso, bajo la tesis de que el Legislativo es el poder más transparente del Estado.
La propuesta ya desata lecturas encontradas: unos la ven como un intento de someter políticamente al Ministerio Público y otros como una sacudida a un modelo que, según críticos, blinda en exceso al fiscal general.
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El debate apenas arranca, pero ya deja una pregunta de fondo: si esto significaría más control democrático o una mayor politización de la justicia.
