Banco Improsa activó garantías contra empresa de los Arias

En 2025, el Gobierno ordenó fiscalizar al ingenio mientras crecían los cuestionamientos por sus deudas

En 2025, el Gobierno confirmó que Ingenio Taboga estaba siendo fiscalizado por Tributación, luego de que surgieran cuestionamientos sobre sus declaraciones de renta y la solicitud de un millonario crédito a bancos estatales. El caso generó un amplio debate público sobre la situación financiera de la empresa y el eventual uso de recursos de la banca pública.

La controversia aumentó después de que el entonces presidente Rodrigo Chaves cuestionara que la compañía reportara utilidades netas en cero durante varios años ante el Ministerio de Hacienda y, al mismo tiempo, gestionara un financiamiento por 70 millones de dólares ante el Banco Nacional y otros 10 millones de dólares ante el Banco Popular. Según trascendió en ese momento, el objetivo era refinanciar deudas con entidades financieras públicas y privadas.

Durante una conferencia de prensa, el entonces ministro de Hacienda, Nogui Acosta, explicó que Ingenio Taboga había declarado renta en cero entre 2021 y 2024, aunque señaló que esa condición no implicaba, por sí sola, una irregularidad, ya que la legislación contemplaba mecanismos legales que podían reducir la carga tributaria. No obstante, confirmó que la empresa estaba siendo fiscalizada por Tributación como parte de los controles aplicados a los grandes contribuyentes que reportaban renta cero.

Chaves manifestó que las autoridades debían determinar si existía alguna contradicción entre la información presentada ante Tributación y la utilizada para gestionar los préstamos. Además, solicitó que la investigación permitiera establecer si hubo alguna actuación contraria a la legislación tributaria o financiera, especialmente por el monto del financiamiento solicitado y las garantías ofrecidas para respaldar la operación.

Lea también Contraloría detecta irregularidades en facturación y tarifas de agua potable

Meses después, el caso volvió a cobrar relevancia cuando el Banco de Costa Rica (BCR) solicitó formalmente al Banco Improsa ejecutar el fideicomiso de garantía constituido por Ingenio Taboga, debido al incumplimiento en el pago de 35 operaciones crediticias. La entidad pidió iniciar el proceso de venta de las propiedades entregadas como respaldo con el fin de recuperar los recursos adeudados.

De acuerdo con la documentación del BCR, las obligaciones pendientes superaban los ₡5.424 millones en créditos en colones y ascendían a aproximadamente 10,2 millones de dólares en operaciones en moneda extranjera. Como garantía figuraban decenas de propiedades de alto valor, entre ellas una finca tasada en aproximadamente ₡8.994 millones, además de otros inmuebles valorados en más de ₡1.700 millones y ₡1.000 millones.

En ese contexto, el Gobierno también informó que el Ministerio de Trabajo analizaría la situación de trabajadores y extrabajadores del ingenio ante denuncias por eventuales represalias laborales. Por su parte, Ingenio Taboga no respondió a las consultas realizadas por distintos medios de comunicación sobre el proceso de cobro impulsado por el Banco de Costa Rica ni sobre los cuestionamientos relacionados con su situación tributaria y financiera.