Cobros de ACAM generan debate en la Asamblea Legislativa
El legislador cuestionó los cobros realizados por la entidad a comercios y aseguró que impulsará una comisión investigadora. ACAM respondió que sus actuaciones están respaldadas por la ley y los tratados internacionales.
La Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM) se encuentra en el centro de una nueva polémica luego de que el diputado oficialista José Miguel Villalobos lanzara fuertes críticas contra la organización durante una intervención en el Plenario Legislativo.

El legislador cuestionó el sistema de cobro de derechos de autor que aplica la entidad a establecimientos como hoteles, restaurantes, bares, gimnasios, hospitales y otros comercios que utilizan música en sus actividades.
Villalobos aseguró que ACAM fija sus propias tarifas y afirmó que buscará revisar el funcionamiento de la organización durante su gestión legislativa.
“Voy a dedicar mis cuatro años de legislador a revisar esto”, manifestó el diputado, quien además anunció su intención de promover una comisión investigadora para analizar las operaciones de la asociación.
Cuestionamientos sobre tarifas y distribución
Entre los principales señalamientos, Villalobos cuestionó la forma en que ACAM distribuye los recursos recaudados por concepto de derechos de autor.
Según expuso, existen dudas sobre cómo la organización determina qué autores o compositores deben recibir los pagos derivados del uso de sus obras musicales.
El legislador también señaló que pequeños empresarios le han expresado inconformidades por los cobros y por la relación entre estos pagos y algunos trámites municipales.
Asimismo, hizo referencia a datos contenidos en expedientes legislativos que, según indicó, reflejarían ingresos superiores a los ¢1.300 millones anuales para la entidad durante 2021.

La respuesta de ACAM
Tras las declaraciones, ACAM emitió un pronunciamiento público en el que rechazó las afirmaciones realizadas por el diputado.
La organización sostuvo que el derecho de autor no constituye un impuesto ni un privilegio, sino una compensación económica reconocida por la legislación nacional e internacional para los creadores de obras musicales.
ACAM indicó que es una asociación sin fines de lucro autorizada por el Registro de Propiedad Intelectual y que opera bajo la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, así como bajo convenios internacionales suscritos por Costa Rica.
La entidad afirmó representar a miles de autores, compositores y editores nacionales, además de millones de titulares de derechos alrededor del mundo mediante acuerdos de representación recíproca.
¿Cómo funciona el sistema de cobro?
Las sociedades de gestión colectiva, como ACAM, tienen la función de otorgar licencias para el uso público de obras musicales, recaudar los pagos correspondientes y distribuir posteriormente esos recursos entre los titulares de derechos.
De acuerdo con la organización, los cobros se aplican cuando un negocio utiliza música para generar ambiente o complementar una actividad comercial, ya sea mediante radio, televisión, plataformas digitales o música en vivo.
ACAM sostiene que la distribución de los recursos se realiza mediante sistemas de monitoreo, registros de repertorio, reportes de uso y mecanismos de prorrateo aprobados internamente.
La asociación también rechazó que exista falta de control sobre sus finanzas y aseguró que cuenta con auditorías externas y supervisión de las autoridades competentes.

Un debate que no es nuevo
La discusión sobre el cobro de derechos de autor en establecimientos comerciales no es nueva en Costa Rica.
A lo largo de los años han surgido cuestionamientos por parte de empresarios y comerciantes sobre las tarifas aplicadas por las sociedades de gestión colectiva, mientras que autores y compositores defienden estos mecanismos como una herramienta para garantizar una remuneración por el uso de sus obras.
A nivel internacional, organizaciones similares operan en numerosos países y forman parte de redes globales dedicadas a la protección de los derechos de autor.
Por ahora, las declaraciones del diputado abren un nuevo capítulo en el debate sobre el alcance de los derechos de autor, la transparencia en la distribución de recursos y el impacto de estos cobros sobre la actividad comercial en Costa Rica.




