Defensoría advierte crisis en infraestructura educativa y urge reforma al modelo de gestión

La Defensoría de los Habitantes concluyó que el modelo administrativo utilizado para gestionar la infraestructura educativa en Costa Rica se encuentra agotado y requiere una reforma estructural urgente, al considerar que las deficiencias actuales afectan directamente el derecho a la educación de miles de estudiantes.

Según un informe remitido al Ministerio de Educación Pública (MEP), un total de 389 centros educativos iniciaron el curso lectivo 2026 con órdenes sanitarias vigentes y sin proyectos de reparación asignados. Algunos de estos casos presentan advertencias catalogadas como de alto riesgo, con posibilidad de cierre de las instalaciones.

La Defensoría señaló que el esquema actual delega en las Juntas de Educación y Administrativas responsabilidades relacionadas con contratación de obras, supervisión técnica y administración de recursos millonarios, pese a que sus integrantes no están obligados a contar con formación especializada en áreas como ingeniería o contratación pública.

Ante este panorama, el órgano defensor recomendó al MEP elaborar un plan decenal de infraestructura educativa para el período 2026-2035, que incluya prioridades de intervención, costos, fuentes de financiamiento y plazos de ejecución, dando atención especial a los centros educativos que enfrentan problemas sanitarios y de infraestructura más urgentes.