Diputada propone que el Congreso elija al fiscal general
La propuesta de Marta Esquivel ya genera críticas desde el Poder Judicial
La diputada oficialista Marta Esquivel presentó dos proyectos de ley para cambiar la forma en que se nombran dos cargos clave del país: la presidencia ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la Fiscalía General de la República. Las iniciativas trasladarían esas decisiones a la Asamblea Legislativa. Según la legisladora, el objetivo es fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el control democrático.
En el caso de la Fiscalía General, la propuesta plantea que el Congreso sustituya a la Corte Plena en el proceso de elección. El proyecto establece un concurso público de antecedentes y oposición. Además, exige el respaldo de al menos 38 diputados para el nombramiento. También obligaría al fiscal general a presentar un informe anual ante el Plenario e incorpora un mecanismo para su eventual destitución por causas definidas en la ley.
La segunda iniciativa modifica el proceso para elegir a la presidencia ejecutiva de la CCSS. Actualmente, ese cargo lo designa el Poder Ejecutivo. Esquivel sostiene que trasladar esa responsabilidad al Congreso fortalecería la autonomía de la institución y reduciría la influencia política del gobierno de turno.

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Las propuestas ya comenzaron a generar reacciones. La Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) expresó su preocupación por el proyecto sobre la Fiscalía General. La organización advirtió que trasladar esa elección al Congreso podría aumentar el riesgo de politización del Ministerio Público. Además, considera que la independencia judicial podría verse afectada si el nombramiento depende de acuerdos entre las fracciones legislativas.
Esquivel rechaza esas críticas. La diputada afirma que las reformas no buscan politizar las instituciones. Asegura que pretenden establecer procesos más abiertos, reglas claras y mayores requisitos para quienes aspiren a esos cargos. También defiende la incorporación de mecanismos de fiscalización para fortalecer la confianza ciudadana.
Ahora ambos proyectos deberán iniciar su trámite legislativo. Los diputados analizarán las iniciativas antes de decidir si avanzan en el proceso. De aprobarse, cambiarían la forma en que se nombran dos de los principales jerarcas del Estado, al trasladar al Congreso funciones que hoy corresponden al Poder Ejecutivo y a la Corte Suprema de Justicia.








