Diputados piden destituir a Carlo Díaz y Angie Cruickshank: ¿qué establece la ley?
La aprobación de dos mociones para exigir la renuncia del fiscal general, Carlo Díaz, y de la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, abrió un debate sobre los límites de las facultades de la Asamblea Legislativa y los procedimientos legales para separar a ambos jerarcas de sus cargos.
Las iniciativas fueron aprobadas el lunes 16 de noviembre con 29 votos de diputados oficialistas del Partido Pueblo Soberano (PPSO), después de la polémica visita que ambos funcionarios realizaron al Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO).
Durante esa inspección, efectuada el viernes 13 de noviembre, los jerarcas revisaron las condiciones del centro penitenciario y aspectos relacionados con el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Los diputados oficialistas cuestionaron las actuaciones de Díaz y Cruickshank y solicitaron sus renuncias inmediatas. Sin embargo, la aprobación de las mociones no implica su destitución, debido a que cada cargo está sujeto a procedimientos y autoridades diferentes.
¿Cómo pueden destituir a Angie Cruickshank?
La defensora de los Habitantes puede ser separada de su cargo por la Asamblea Legislativa, pero únicamente cuando exista una causal contemplada en la legislación y se cumpla el procedimiento correspondiente.
El artículo 6 de la Ley de la Defensoría de los Habitantes establece, entre las causas legales de cese, la negligencia notoria, las violaciones graves al ordenamiento jurídico durante el ejercicio del cargo, el incumplimiento de incompatibilidades legales y una condena firme por delito doloso.
Cuando se alegan negligencia notoria o violaciones graves a la ley, el artículo 7 dispone que la presidencia legislativa debe nombrar una comisión encargada de investigar los hechos y escuchar a la persona cuestionada.
Esa comisión dispone de 15 días hábiles para informar al Congreso sobre el resultado de la investigación. El procedimiento debe garantizar el derecho de defensa y el debido proceso.
Por lo tanto, los cuestionamientos políticos surgidos tras la visita al CACCO no constituyen, por sí solos, una demostración de que la defensora haya cometido alguna falta que justifique su destitución.
¿Qué se necesita para destituir al fiscal general Carlo Díaz?
La situación del fiscal general es diferente porque los diputados no tienen competencia legal para destituirlo.
Esa atribución corresponde a la Corte Plena, integrada por 22 magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Para revocar su nombramiento se requiere el voto favorable de al menos 15 magistrados, equivalente a las dos terceras partes de sus integrantes.
Además, debe existir una causal legal debidamente acreditada mediante el procedimiento correspondiente. La normativa no permite separar al fiscal general únicamente por diferencias políticas o por una solicitud de renuncia aprobada en el Congreso.
En su moción, los legisladores oficialistas solicitaron que, si Carlo Díaz no renuncia voluntariamente, Corte Plena considere iniciar el procedimiento para su destitución.
El fiscal general rechazó públicamente la solicitud de renuncia y calificó la iniciativa del oficialismo como una maniobra para desviar la atención de otros asuntos.
¿Qué efectos tienen las mociones aprobadas por los diputados?
Las dos mociones expresan una posición política de los legisladores oficialistas, pero no producen automáticamente la salida de los funcionarios.
En el caso de Angie Cruickshank, la Asamblea Legislativa tiene la facultad de conocer un eventual procedimiento de destitución, siempre que se respeten las garantías legales y se demuestre una causal.
Con Carlo Díaz, cualquier decisión de esa naturaleza corresponde exclusivamente a Corte Plena y debe contar con la mayoría calificada establecida en la legislación.
Desde la oposición también surgieron cuestionamientos sobre el alcance de las iniciativas y su relación con la independencia de las instituciones encargadas de la administración de justicia y la protección de los derechos de los habitantes.
Por ahora, ambos jerarcas permanecen en sus cargos. La controversia pone sobre la mesa una diferencia fundamental: solicitar una renuncia es una decisión política, mientras que destituir a un funcionario exige cumplir requisitos legales específicos.





