Justicia pone fin a convenio para audiencias virtuales en cárceles y reabre debate sobre seguridad y costos

El Ministerio de Justicia y Paz dio por terminado el convenio de cooperación que mantenía con el Poder Judicial para realizar audiencias virtuales desde los centros penitenciarios del país, una decisión que obligará a trasladar nuevamente a privados de libertad a los tribunales para numerosos procesos judiciales.
La medida surge días después de la audiencia de medidas cautelares contra Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, considerado uno de los hombres más buscados por las autoridades. En ese caso, el Ministerio de Justicia solicitó que la diligencia se efectuara de manera virtual desde el centro penitenciario La Reforma; sin embargo, el proceso se realizó de forma presencial en los Tribunales del Primer Circuito Judicial de San José.
Fin a un sistema que reducía traslados
El convenio permitía que personas privadas de libertad participaran en audiencias mediante videoconferencia, evitando traslados desde los centros penitenciarios hasta los despachos judiciales.
Este mecanismo fue fortalecido durante la pandemia por COVID-19 y posteriormente se mantuvo por los beneficios operativos que representaba, entre ellos una mayor seguridad, reducción de costos y menor movilización de personal policial y judicial.
Con la finalización del acuerdo, cada institución deberá definir nuevos mecanismos para coordinar las comparecencias de los privados de libertad.
Poder Judicial advierte sobre impacto
La decisión generó preocupación dentro del Poder Judicial.
La presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano, considera que el cambio representa un retroceso en materia de administración de justicia, ya que aumentará la necesidad de recursos humanos, vehículos y operativos de seguridad para trasladar a los imputados.
También advirtió que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) deberá asumir una mayor carga operativa para garantizar la presencia de los detenidos en los diferentes despachos judiciales.
Sindicato cuestiona la decisión
Desde el Sindicato de Personas Trabajadoras, Jubiladas y Pensionadas del Poder Judicial (SITRAJUD) también surgieron críticas.
La organización considera que eliminar el convenio afectará el funcionamiento del sistema judicial y complicará la coordinación de audiencias, además de incrementar los riesgos asociados al traslado de personas privadas de libertad.
Más de 2.400 audiencias virtuales en seis meses
Las cifras del propio Ministerio de Justicia reflejan el amplio uso que tenía esta modalidad.
Entre enero y junio de 2026, el Sistema Penitenciario Nacional realizó 2.416 audiencias virtuales, distribuidas de la siguiente manera:
- 944 correspondieron a juzgados.
- 421 se efectuaron ante tribunales de juicio.
- 354 fueron diligencias con defensores.
- 697 correspondieron a otras actuaciones judiciales.
En promedio, el sistema permitió realizar alrededor de 13 audiencias virtuales por día durante el primer semestre del año, evitando miles de traslados de personas privadas de libertad.
¿Qué cambia ahora?
Con el convenio sin efecto, las autoridades deberán reorganizar la logística para las audiencias judiciales de los privados de libertad.
El cambio podría traducirse en un aumento de los traslados hacia los tribunales, mayores costos operativos y una mayor demanda de recursos para garantizar la seguridad durante cada diligencia, un tema que vuelve a abrir el debate sobre el equilibrio entre eficiencia, seguridad y administración de justicia en el país.



