La Corte responde con un reto a Laura Fernández

La Corte Plena recordó que toda denuncia debe respaldarse con pruebas y seguir la vía legal

La tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial aumentó este lunes. La Corte Plena rechazó por unanimidad las declaraciones de la presidenta Laura Fernández sobre una supuesta infiltración del narcotráfico en el sistema judicial. Los magistrados calificaron esas palabras como graves. También dijeron que, si la mandataria tiene pruebas, debe entregarlas al Ministerio Público. Ese paso permitirá investigar el caso.

La polémica empezó tras una conferencia de prensa del Gobierno. En esa actividad, Fernández afirmó que “el crimen organizado se está metiendo hasta en los tuétanos del Poder Judicial”. Sus declaraciones llegaron en medio de críticas del Ejecutivo a varias decisiones judiciales. También cuestionó el manejo de casos contra funcionarios investigados por presuntos vínculos con grupos criminales.

La Corte Suprema recordó que toda denuncia debe seguir la vía legal. También indicó que debe incluir pruebas. Los magistrados advirtieron que hacer acusaciones sin evidencia puede dañar la credibilidad del Poder Judicial. Además, puede reducir la confianza de la ciudadanía en la justicia.

La Corte explicó que el Poder Judicial investiga cualquier posible irregularidad entre sus funcionarios. Como ejemplo, recordó varios casos recientes. El Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) llevaron esas investigaciones. Los jueces también ordenaron medidas cautelares cuando lo consideraron necesario.

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Los magistrados afirmaron que esos casos muestran que los controles internos funcionan. Sin embargo, aclararon que eso no prueba una infiltración general del narcotráfico en el Poder Judicial. También recordaron que la independencia judicial debe protegerse. Agregaron que toda sospecha de delito debe investigarse con respeto al debido proceso.

Este nuevo intercambio refleja la distancia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. En los últimos meses, ambas instituciones han tenido diferencias por temas de seguridad, justicia y lucha contra el crimen organizado. El tono de las declaraciones y la respuesta de la Corte muestran uno de los momentos de mayor tensión entre ambos poderes del Estado este año.

Por ahora, ambas partes mantienen su posición. El Gobierno asegura que hay señales sobre la presencia del crimen organizado en distintas instituciones públicas. La Corte Plena insiste en que esas afirmaciones deben tener pruebas. También recuerda que las denuncias deben presentarse por la vía legal. Finalmente, reiteró que investigará cualquier denuncia que cumpla los requisitos para abrir un proceso formal.