Laura abre la puerta a revisar el presupuesto judicial
Tras reunirse con Patricia Vargas, Fernández revisará las reglas que condicionan los fondos judiciales para 2027
La posibilidad de disponer de casi ₡30.000 millones del presupuesto judicial para 2027 ocupó un lugar central en la reunión entre la presidenta Laura Fernández y la jerarca de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas. El encuentro tuvo lugar este lunes 9 de noviembre en Casa Presidencial. Tras la cita, la mandataria anunció que buscará revisar las normas que condicionan el uso de esos recursos.
Vargas expuso su preocupación por las disposiciones incluidas en el proyecto de Presupuesto Nacional. Según advirtió, estas medidas podrían dificultar el funcionamiento de los tribunales y otras oficinas judiciales durante el próximo año. La jerarca aclaró que la institución no solicita más dinero, sino que necesita disponer oportunamente de los fondos que ya tiene autorizados.
Fernández manifestó su disposición a colaborar y anunció que equipos técnicos de ambas instituciones analizarán las reglas presupuestarias. El objetivo consiste en revisar su aplicación y evitar que las condiciones establecidas afecten la prestación de los servicios de justicia.
El cuestionamiento se concentra en cuatro normas del proyecto de presupuesto para 2027. La número 9 condiciona la liberación de ₡29.843 millones; la 10 limita los traslados de recursos entre partidas; la 11 establece requisitos para pagar compensaciones por administración y la 12 restringe la ocupación de plazas vacantes mediante estudios y autorizaciones externas.

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Estas condiciones podrían limitar la capacidad del Poder Judicial para cubrir gastos, administrar sus recursos y contar con el personal necesario para atender los procesos judiciales. Por esta razón, la discusión va más allá de un asunto contable. La institución advierte que las restricciones podrían repercutir en los servicios que recibe la población.
Durante la reunión, ambas jerarcas también abordaron la seguridad nacional y la necesidad de mejorar la coordinación contra el crimen organizado. Vargas destacó la importancia de impulsar proyectos de ley del Poder Judicial ante la Asamblea Legislativa. Entre las prioridades figuran iniciativas para combatir la corrupción y agilizar los procesos penales.
Como siguiente paso, las autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, junto con la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, se reunirán el 20 de noviembre en la sede del Poder Judicial. El encuentro busca fortalecer la coordinación institucional y abordar asuntos de interés nacional. Mientras tanto, los equipos técnicos deberán analizar las normas que condicionan el presupuesto judicial para 2027.






