Oficialismo busca fortalecer seguridad del país

Las iniciativas plantean reformas en seguridad, justicia, datos personales y organización del Poder Judicial

Un grupo de diputadas presentó una serie de iniciativas que buscan introducir cambios en materia de seguridad, justicia, derechos fundamentales y organización del Estado. La propuesta reúne reformas constitucionales y proyectos de ley enfocados en fortalecer la actuación policial, combatir la impunidad y modernizar el sistema judicial.

Entre las iniciativas destaca la Ley TASER para las Fuerzas Policiales. Su propósito es autorizar y regular el uso de dispositivos de conducción eléctrica como una herramienta de fuerza intermedia. El documento indica que su utilización estaría limitada a situaciones de amenaza activa, resistencia violenta o cuando sea necesario evitar lesiones graves. Además, contempla capacitación obligatoria, el registro de cada uso y controles institucionales.

El paquete también incorpora una propuesta para evitar que las personas procesadas o condenadas obtengan beneficios por permanecer prófugas. La reforma plantea suspender el cómputo de la prescripción. Esto aplica mientras exista rebeldía o fuga. El plazo se reanuda cuando la persona vuelva a estar a disposición de la justicia.

Otra de las iniciativas propone reformar el artículo 32 de la Constitución Política. Esto permitiría la extradición de costarricenses solo por delitos graves relacionados con el crimen organizado transnacional. Entre ellos figuran el tráfico internacional de drogas, el terrorismo y su financiamiento. También figuran la legitimación de capitales, la trata de personas y el tráfico ilícito de armas. Además, figura el tráfico ilícito de órganos, tejidos y células humanas, la participación en organizaciones criminales y determinados ciberdelitos.

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En materia de derechos fundamentales, el documento plantea adicionar dos párrafos al artículo 24 de la Constitución Política para incorporar expresamente el derecho a la autodeterminación informativa. La propuesta busca reconocer el derecho de las personas a controlar la recopilación, el uso, el tratamiento y la circulación de sus datos personales, dejando a la ley la regulación de su ejercicio y sus excepciones.

La agenda legislativa también incluye un proyecto para regular la pólvora sonora. La propuesta clasifica estos productos según su nivel de impacto sonoro, prohíbe la importación, fabricación, venta, almacenamiento y uso de la pólvora de alto impacto sonoro, y establece zonas protegidas, horarios permitidos, mecanismos de fiscalización y sanciones.

Finalmente, las diputadas plantean una reforma para modernizar el gobierno judicial mediante una redistribución de competencias entre la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior. Asimismo, impulsan otra iniciativa para modificar el proceso de elección de magistrados suplentes, trasladándolo a la Asamblea Legislativa e incorporando convocatorias públicas, criterios objetivos de evaluación y mayores mecanismos de transparencia.