Ortega blinda a Nicaragua de leyes extranjeras
Nicaragua limita leyes extranjeras en medio de tensiones con la OEA
La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, aprobó una propuesta de reforma constitucional que busca impedir que leyes, reglamentos o normativas extranjeras tengan efectos jurídicos dentro del país. Los diputados aprobaron la modificación el sábado 22 de agosto y la incorporarán al texto de una reforma constitucional que votarán en septiembre.
El cambio plantea agregar un nuevo párrafo al artículo 12 de la Constitución Política. Según el texto aprobado, ninguna disposición emitida por otro Estado, grupo de Estados u organismo internacional tendrá efectos legales en Nicaragua si las autoridades consideran que afecta la independencia, la soberanía, la autodeterminación, la seguridad o la paz del país.
La reforma establece, además, que Nicaragua solo aplicará las disposiciones internacionales contenidas en convenios firmados en nombre del Estado. Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, defendió la iniciativa bajo el argumento de que las leyes nicaragüenses deben elaborarse y aplicarse para los nicaragüenses, sin imposiciones externas.
La decisión ocurre en un momento de creciente presión internacional sobre el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Días antes, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución impulsada por Estados Unidos para convocar a una reunión urgente de cancilleres. El encuentro analizará la situación política de Nicaragua y las posibles acciones ante el rumbo del país.

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El tema también está relacionado con el futuro electoral nicaragüense. El oficialismo impulsa otra reforma que contempla excluir de los procesos electorales a sectores de la oposición. Además, Ortega ha realizado declaraciones sobre el futuro de las elecciones que han provocado cuestionamientos dentro y fuera del país.
Tras la aprobación de la propuesta, Rosario Murillo volvió a arremeter contra sus adversarios políticos, a quienes calificó de “mercenarios”, “traidores” y “cobardes”. La medida también ha generado preocupación entre organismos y gobiernos extranjeros, que consideran que Nicaragua profundiza su aislamiento institucional.
La reforma todavía debe completar el proceso legislativo previsto para septiembre. Si los diputados la aprueban, Nicaragua establecerá constitucionalmente una barrera frente a disposiciones extranjeras que no hayan sido incorporadas mediante acuerdos suscritos por el Estado. La iniciativa llega en medio de un escenario político cada vez más tenso y de una relación deteriorada entre Managua y organismos internacionales.






