PLN y Corte Suprema suman fuerzas contra recorte presupuestario

Liberación Nacional y la Corte Suprema de Justicia acudieron, por vías distintas, a la Sala Constitucional para intentar frenar restricciones incorporadas al presupuesto del Poder Judicial para 2027.

La disputa involucra ₡29.843 millones condicionados, cuatro normas cuestionadas, restricciones relacionadas con plazas y controles para el movimiento de recursos dentro del Poder Judicial.

Aunque ambas partes plantearon sus acciones de manera independiente, el punto de fondo es similar: determinar si las condiciones aprobadas por la Asamblea Legislativa afectan la organización y el funcionamiento del Poder Judicial.

PLN cuestiona restricciones presupuestarias

Liberación Nacional llevó el tema ante la Sala Constitucional al considerar que algunas de las disposiciones aprobadas podrían entrar en conflicto con el artículo 167 de la Constitución Política.

Este artículo establece que la Asamblea Legislativa debe consultar a la Corte Suprema de Justicia cuando tramite proyectos relacionados con la organización o el funcionamiento del Poder Judicial.

Además, señala que, para apartarse del criterio de la Corte en estos casos, se requiere el voto de dos terceras partes del total de diputados, es decir, 38 votos.

Los verdiblancos buscan que la Sala IV determine si las restricciones incorporadas al presupuesto debieron cumplir con ese procedimiento.

Corte Suprema también acude a la Sala IV

La Corte Suprema de Justicia presentó, por su parte, su propia consulta de constitucionalidad.

El Poder Judicial considera que las condiciones aprobadas podrían afectar su capacidad para administrar recursos, gestionar plazas y tomar decisiones relacionadas con su funcionamiento interno.

De esta manera, tanto la Corte como el PLN trasladaron a los magistrados constitucionales una discusión que comenzó alrededor de los recursos asignados para 2027.

Sala IV ya ha intervenido en disputas presupuestarias

La Sala Constitucional ha conocido anteriormente controversias relacionadas con presupuestos y utilización de recursos públicos.

Entre los antecedentes figuran asuntos relacionados con recursos para pensiones de la CCSS en 2020, plazas del Poder Judicial en 2024, normas del Presupuesto Nacional en 2025 y recursos destinados al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) en 2026.

La discusión sobre el presupuesto judicial abre ahora un nuevo frente: definir hasta dónde puede llegar la Asamblea Legislativa al establecer condiciones sobre los recursos del Poder Judicial sin afectar su organización, funcionamiento e independencia.