El 24 de agosto se dio a conocer una carta firmada por Rafael Curruchiche, fiscal especial contra la impunidad (FECI) y encargado del caso, en la cual se notifica al Congreso la orden de suspensión de la personalidad jurídica del Movimiento Semilla.
Sin embargo, esta no es una solicitud nueva, sino una notificación al Legislativo. El 12 de julio pasado, tres semanas después de la primera vuelta en la que Arévalo sorprendió con los resultados, la Fiscalía ya había ordenado la suspensión del partido político.
No obstante, esta decisión fue anulada por la Corte Suprema de Justicia, que afirmó que carecía de validez. La Fiscalía acusa al Movimiento Semilla de un supuesto caso de firmas falsas en 2018, durante la fundación del partido.
Estas acusaciones han llevado a allanamientos en la sede electoral del Movimiento Semilla, una acción interpretada como un intento de obstaculizar la llegada de Arévalo a la presidencia el 14 de enero próximo.
En las elecciones del 25 de junio, el Movimiento Semilla obtuvo 23 escaños de los 160 en el Congreso, consolidándose como la tercera fuerza política del país bajo el liderazgo de Arévalo.
En una entrevista con France 24, el presidente electo afirmó que su caso tiene un trasfondo político y que no se están siguiendo los procedimientos legales. Además, denunció que las instituciones estatales están influenciadas por la corrupción en el sistema judicial y que está siendo objeto de persecución política. Bernardo Arévalo también ha reportado amenazas en su contra.
Ante esta situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares para Bernardo Arévalo y su vicepresidenta, Karine Herrera, debido al alto riesgo de atentados. La CIDH señaló que Arévalo ha sido objeto de vigilancia y seguimiento, y que existen planes para atentar contra su vida, involucrando tanto a agentes estatales como a individuos particulares y estructuras criminales de pandillas.
La CIDH también critica al Estado de Guatemala por no tomar las medidas necesarias para proteger al presidente electo a pesar de las amenazas en su contra. Como resultado, Arévalo y su vicepresidenta han tenido que recurrir a seguridad privada.
La CIDH concluyó su informe solicitando al Estado un informe detallado sobre las acciones tomadas para investigar los hechos denunciados.
En un contexto en el que la corrupción es una preocupación central en Guatemala, el éxito electoral de Bernardo Arévalo y el Movimiento Semilla se explica en parte por su compromiso en combatir esta problemática. Sus propuestas se centran en erradicar la corrupción, que obstaculiza el desarrollo en áreas como infraestructura, educación y justicia. Estas propuestas resonaron especialmente entre los jóvenes votantes, quienes representaron el 58% de su apoyo.
El actual presidente de Guatemala, Alejandro Giammatei, reconoció la victoria de Arévalo y le extendió una invitación a colaborar en la transición de gobierno. Sin embargo, Giammatei enfrenta múltiples acusaciones de corrupción, algunas de las cuales fueron archivadas en 2021 por Rafael Curruchiche, el mismo fiscal de la FECI que ahora está involucrado en el caso contra el Movimiento Semilla y el presidente electo, Bernardo Arévalo.
