El decreto firmado por la presidenta Laura Fernández sobre el llamado año carcelario abrió una nueva discusión jurídica y política en el país: si realmente cambia la forma de contar las penas o si únicamente aclara una norma que ya existía.
Desde el ejecutivo
Desde el Poder Ejecutivo, la posición es que el año carcelario debe fijarse en 360 días, con el objetivo de cerrar portillos a interpretaciones que permitan reducir el tiempo efectivo de cumplimiento de una pena.
Sin embargo, abogados penalistas advierten que el cómputo penitenciario ya se entendía bajo esa regla y que el decreto podría generar más dudas que certezas.
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La diferencia central está en el enfoque: el Gobierno lo presenta como una medida para ordenar y endurecer el sistema penitenciario; mientras que los críticos sostienen que la discusión de fondo está en la aplicación de beneficios carcelarios y no necesariamente en el conteo de los días.
