La Sala de Casación Penal (Sala III) finalizó el análisis de la acusación penal presentada contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves, por el presunto delito de concusión. El informe, elaborado por el magistrado suplente Giovanni Mena Artavia, ya fue remitido a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia y pasará ahora al conocimiento de la Corte Plena.
Este paso es fundamental, ya que será la Corte Plena la que decida si existen elementos suficientes para avanzar con la acusación. Si la decisión es afirmativa, el expediente será trasladado a la Asamblea Legislativa, que tendrá en sus manos votar el posible levantamiento de la inmunidad presidencial de Chaves.
La acusación está relacionada con la contratación de una estrategia de comunicación y monitoreo de redes sociales, adjudicada a la empresa de Christian Bulgarelli y financiada con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Según el Ministerio Público, parte de ese contrato —cerca de 32 mil dólares— habría sido dirigido a Federico Cruz, exasesor y amigo del presidente, supuestamente por intermediación de Chaves.
Lea también: Exoneraciones le quitan al Estado ₡4.2 billones
El delito de concusión, según el artículo 355 del Código Penal, implica que un funcionario abuse de su cargo para exigir o inducir a otro a entregar o prometer un beneficio económico indebido para sí mismo o para un tercero. La pena para este delito va de dos a ocho años de prisión.
Por el momento, la causa queda en manos de la Corte Plena, mientras la atención nacional se centra en la posible decisión sobre la inmunidad presidencial.
