Sáb. Jul 27th, 2024

Este miércoles 10 de mayo de 2023, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo tomó el control de “todo el patrimonio, bienes y acciones” de la Asociación Cruz Roja Nicaragüense, cuya personería jurídica fue cancelada por unanimidad en la Asamblea Nacional, a su vez, los diputados ordenaron la creación de una nueva “Cruz Roja”, que será administrada por el Ministerio de Salud (Minsa).

Posición de diputados

Los diputados orteguistas acusan a la Cruz Roja de transgredir sus propios estatutos y atender a los heridos durante la represión gubernamental a la Rebelión Cívica de 2018. 

La Cruz Roja fue una de las organizaciones que asistió a centenares de víctimas de la represión policial y paramilitar en 2018, ante la negativa de los hospitales nacionales de atender a los heridos, bajo el argumento que era una orden de la entonces ministra de Salud, Sonia Castro.

“En los actos acontecidos en el año 2018 que atentaron contra la paz y estabilidad de la nación, algunas filiales de esta asociación actuaron en contra de estos principios (humanidad, imparcialidad, neutralidad) y de su acta constitutiva y estatutos, y la asociación misma transgredió las leyes del país al desatenderse y hasta apoyar este actuar de sus filiales”, se lee en la Ley 1152 o Ley de derogación del decreto legislativo número 357 y creación de la Cruz Roja Nicaragüense.

Según el texto legislativo, la nueva CRN será un “ente autónomo, descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, duración indefinida y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones , la que será sucesora legal, sin solución de continuidad de la Asociación Cruz Roja Nicaragüense, creada mediante decreto legislativo número 357”.

La plana orteguista justifica con base a la Ley General de Salud, Ley 423, el traspaso de la CRN al Minsa, asegurando que la entidad cuenta con las competencias normativas y capacidades técnicas para encargarse de una “nueva Cruz Roja Nicaragüense, dentro de un modelo cristiano, socialista y solidario”.

Los diputados orteguistas también alegan que la Cruz Roja incumplió la legislación que rige a los Organismos Sin Fines de Lucro (OSFL).

Según un informe remitido por el Ministerio de Gobernación que ha cerrado más de 3000 oenegés civil desde 2018 hasta la fecha, la CRN no presentó los estados financieros y balance contable acompañado de la declaración fiscal, también falta la verificación de identidad de sus donantes y proveedores de fondos y tiene información desactualizada en el registro del Migob.

“Lo anterior conlleva a obstaculizar el control y vigilancia de la Autoridad de Aplicación, actuando contra ley expresa”, señala el Migob en la iniciativa.

La CRN está constituida conforme los convenios de Ginebra, de los cuales Nicaragua es parte. “Tiene como objetivo promover la vida y la salud de las personas, prevenir y aliviar el sufrimiento de las personas en todas las circunstancias y hacer respetar la dignidad humana”.

Agregan que sus servicios humanitarios “se brindan sin distingo de raza, religión, condición social o credo político, dedicándose únicamente a socorrer a las personas en proporción a sus sufrimientos, remediando sus necesidades y dando prioridad a las urgencias”.

Información: Medio Nicaragüense