Gobierno presenta seis proyectos de ley para endurecer la lucha contra el crimen y reformar el sistema penal

La presidenta de la República, Laura Fernández, presentó este lunes un primer paquete de seis proyectos de ley enfocados en seguridad ciudadana, con propuestas que incluyen reformas al Código Procesal Penal, cambios en el sistema penitenciario y nuevas medidas contra el crimen organizado y la reincidencia.

Las iniciativas fueron convocadas durante el período de sesiones extraordinarias, etapa en la que el Poder Ejecutivo tiene el control de la agenda legislativa tanto en el Plenario como en las comisiones de la Asamblea Legislativa.

Ley Gerson Rosales

Uno de los proyectos fue denominado “Ley Gerson Rosales”, en homenaje al oficial de Fuerza Pública que falleció tras recibir un disparo por la espalda en Limón.

La propuesta contempla prisión preventiva para quienes agredan a oficiales de policía, endurece las sanciones por utilizar armas permitidas contra miembros de los cuerpos policiales y establece que el uso del arma de reglamento por parte de los agentes sea considerado legítima defensa en determinadas circunstancias.

Cárcel por pertenecer a organizaciones criminales

Otra de las iniciativas busca castigar la pertenencia a organizaciones criminales, incluso cuando a la persona no se le pueda atribuir directamente otro delito.

El proyecto establece penas de entre uno y seis años de prisión para quienes formen parte de estos grupos.

Además, propone sanciones de tres a ocho años para quienes se organicen con el propósito de cometer delitos e incorpora conductas relacionadas con terrorismo y crimen organizado.

Reforma contra la reincidencia

El Ejecutivo también presentó una reforma orientada a endurecer las consecuencias para las personas reincidentes.

La propuesta establece que cualquier reincidente pueda enfrentar prisión preventiva como medida cautelar y que los jueces impongan la pena más alta cuando la persona vuelva a delinquir dentro de un período de 15 años.

La iniciativa crea cuatro categorías:

• Reincidencia simple: cuando una persona comete un nuevo delito dentro de los 15 años posteriores a una condena.
• Reincidencia cualificada: cuando el nuevo delito está vinculado al crimen organizado.
• Reincidencia habitual: cuando una persona acumula tres sentencias en un plazo de 15 años y vuelve a delinquir.
• Delincuente profesional: quien posee tres o más sentencias firmes y comete un nuevo delito.

Según la propuesta, quienes sean catalogados bajo estas figuras no podrán acceder a beneficios carcelarios.

Entre los delitos incluidos destacan homicidio, femicidio, secuestro, trata de personas, legitimación de capitales, delitos sexuales contra menores de edad y delitos patrimoniales contra la Hacienda Pública.

Cambios a los beneficios penitenciarios

El paquete de reformas también plantea que las personas privadas de libertad deban participar en actividades productivas para poder optar por beneficios relacionados con la ejecución de la pena.

De acuerdo con el proyecto, el salario generado por estas labores se distribuiría de la siguiente manera:

• 35% para el sistema penitenciario.
• 35% para las familias de las víctimas.
• 20% para el apoyo familiar de la persona condenada.
• 10% para un fondo de ahorro destinado al privado de libertad.

Endurecimiento de sanciones por pistas clandestinas

Otra iniciativa busca aumentar las penas para propietarios o arrendatarios de terrenos donde se construyan pistas clandestinas utilizadas para actividades ilícitas.

Actualmente la sanción es de cinco años de prisión; la propuesta la elevaría a un rango de entre cinco y diez años.

Asimismo, autoriza el decomiso definitivo de la maquinaria y equipos utilizados en la construcción de estas estructuras e impide la venta, arrendamiento o traspaso del inmueble durante un año, plazo que podría extenderse.

Además, corresponderá al propietario demostrar ante las autoridades judiciales que no participó en la construcción de la pista clandestina.

Registro permanente para delitos contra la vida

La denominada “Ley para la Seguridad Nacional” propone que las condenas por delitos contra la vida permanezcan durante 15 años en la hoja de delincuencia una vez cumplida la pena.

Sin embargo, los antecedentes nunca serían eliminados de los registros judiciales y policiales.

Durante la presentación de las iniciativas, la presidenta Laura Fernández explicó que quienes hayan cometido este tipo de delitos mantendrán ese historial visible para las autoridades de manera permanente.

Presentación oficial

En el anuncio participaron diversas autoridades de Gobierno y representantes del Congreso, entre ellos la presidenta legislativa, Yara Jiménez; diputados de la bancada de Pueblo Soberano; el ministro Rodrigo Chaves; el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, y otros funcionarios.

También estuvo presente el diputado liberacionista Eder Hernández.

Los seis proyectos deberán iniciar ahora su trámite legislativo para ser discutidos y eventualmente votados por la Asamblea Legislativa.