Violencia patrimonial contra adultos mayores preocupa a instituciones por aumento de casos en Costa Rica

El robo de bienes, la sustracción de dinero, la apropiación de pensiones e incluso la alteración de documentos para asumir el control de cuentas bancarias son algunas de las manifestaciones de la denominada violencia patrimonial que afecta a la población adulta mayor en Costa Rica.

Este 15 de junio, en el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, diversas instituciones y organizaciones hicieron un llamado para visibilizar esta problemática y fortalecer los mecanismos de protección para uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.

La violencia patrimonial es una forma de abuso que busca afectar los recursos económicos, bienes o patrimonio de una persona. En muchos casos, las víctimas son despojadas de propiedades, ahorros o ingresos mediante engaños, presiones o manipulaciones, situación que compromete seriamente su calidad de vida y bienestar.

Piden reforzar protección económica

Organizaciones como la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO) y la Defensoría de los Habitantes insisten en la necesidad de impulsar iniciativas que garanticen una mayor protección económica para las personas adultas mayores.

Entre las propuestas que respaldan se encuentra el proyecto de ley denominado “Pensión Mínima Intocable”, una iniciativa que pretende proteger el monto mínimo indispensable para la subsistencia de las personas pensionadas, evitando que esos recursos sean embargados o utilizados de forma indebida.

Las organizaciones consideran que este tipo de medidas son fundamentales ante el aumento de casos de abuso económico que afectan a adultos mayores, especialmente a quienes dependen exclusivamente de una pensión para cubrir sus necesidades básicas.

Una problemática que muchas veces ocurre dentro del entorno familiar

Especialistas en derechos humanos advierten que uno de los aspectos más preocupantes de la violencia patrimonial es que frecuentemente es ejercida por personas cercanas a las víctimas.

Familiares, cuidadores o personas de confianza pueden aprovechar la vulnerabilidad física, emocional o económica de los adultos mayores para apropiarse de recursos, bienes o beneficios económicos que les pertenecen.

Ante esta situación, también se plantea la necesidad de revisar y fortalecer las sanciones contempladas en la legislación nacional para responder de manera más efectiva al incremento de este tipo de casos.

Cifras reflejan una situación alarmante

Datos del Ministerio de Salud y de AGECO evidencian la magnitud de la problemática que enfrenta la población adulta mayor en Costa Rica.

Durante el 2025 se registraron más de 2.200 víctimas de violencia intrafamiliar entre personas adultas mayores, además de cientos de reubicaciones de emergencia debido a situaciones de abandono, negligencia o maltrato extremo.

Las cifras han generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos y entidades dedicadas a la atención de esta población, que consideran urgente fortalecer las redes de apoyo, la denuncia y la atención integral de las víctimas.

Llamado a la concientización y denuncia

En el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, las instituciones reiteran la importancia de reconocer las distintas formas de violencia que afectan a las personas adultas mayores, incluyendo el abuso físico, psicológico, económico y patrimonial.

Asimismo, hacen un llamado a familiares, comunidades e instituciones para promover una cultura de respeto, dignidad y protección hacia esta población, así como denunciar cualquier situación de abuso que pueda poner en riesgo sus derechos y bienestar.

La protección de las personas adultas mayores se mantiene como uno de los principales desafíos para el país, en momentos en que el envejecimiento de la población exige mayores esfuerzos para garantizar una vejez segura, digna y libre de violencia.