¿Cómo quiere el MEP frenar al crimen?

El ministro del MEP tomó distancia de la propuesta de llevar estudiantes al CACCO

El Ministerio de Educación Pública (MEP) tomó distancia de una de las propuestas más polémicas del Gobierno para prevenir el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado. El ministro Leonardo Sánchez aseguró que llevar estudiantes a una cárcel está lejos de concretarse. En su lugar, defendió una estrategia basada en educación y prevención. “Nadie aprende con miedo”, afirmó durante una transmisión en vivo del MEP.

La propuesta del MEP busca mantener a niños y adolescentes vinculados al sistema educativo. También pretende fortalecer actividades de convivencia, arte, deporte y recreación. Sánchez señaló que la institución cuenta con más de 12 programas de convivencia. Además, desarrolla entre seis y siete iniciativas junto con el Ministerio de Seguridad Pública. Según el jerarca, evitar que los estudiantes abandonen las aulas ayuda a reducir el riesgo de que sean captados por organizaciones criminales.

La posición actual del ministro contrasta con el momento en que la propuesta tomó fuerza. El 1.° de julio, la presidente Laura Fernández planteó realizar giras con estudiantes de centros educativos ubicados en comunidades que calificó como “barrios peligrosos”. La idea contemplaba visitar el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO). Fernández buscaba que los jóvenes conocieran las consecuencias de involucrarse con estructuras criminales y “pusieran las barbas en remojo”.

En los días siguientes, Educación y Justicia comenzaron a analizar la iniciativa. Sánchez explicó en julio que todavía no existían una metodología pedagógica definitiva, un protocolo de implementación ni una decisión administrativa para ejecutarla. El ministro señaló entonces que cualquier propuesta debía considerar criterios técnicos, científicos, legales y pedagógicos. También indicó que debía analizarse la experiencia internacional antes de tomar una decisión.

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La propuesta generó cuestionamientos entre profesionales en criminología. Especialistas señalaron que no existe evidencia suficiente para considerar las visitas a cárceles como una herramienta efectiva contra la delincuencia juvenil. También plantearon la necesidad de atender factores como el entorno familiar, la educación, las oportunidades para los jóvenes y el acompañamiento profesional. Para estos expertos, una estrategia preventiva debe ir más allá de mostrar las consecuencias del delito.

La iniciativa también enfrenta consideraciones relacionadas con los derechos de las personas menores de edad. El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) señaló que una eventual selección de estudiantes no debería basarse únicamente en el lugar donde viven o estudian. Esa práctica podría generar estigmatización sobre determinadas comunidades. Además, el reglamento del circuito de alta contención establece restricciones para el ingreso de menores de edad a esos establecimientos.

Entonces, ¿por qué Sánchez habla con mayor contundencia hasta ahora? No existe evidencia pública para afirmar que el ministro haya guardado silencio de manera deliberada durante estos dos meses. De hecho, ya se había referido al proyecto en julio. Lo que cambió fue el tono de su posición pública. Ahora asegura que las visitas están “lejos” de concretarse y que “por ahí no es”. La discusión deja así una nueva pregunta: si la cárcel no es la vía, ¿qué tan concretos serán los programas de prevención que el MEP plantea para evitar que los menores sean captados por organizaciones criminales?