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Laura Fernández cumple 100 días: continuidad, poder legislativo y un creciente pulso con el Poder Judicial
La presidenta Laura Fernández llega a sus primeros 100 días de gobierno con una característica que ha marcado prácticamente todo el arranque de su administración: la continuidad del proyecto político de Rodrigo Chaves. El oficialismo cuenta con una mayoría inédita en la Asamblea Legislativa, pero al mismo tiempo enfrenta una creciente tensión con el Poder Judicial y todavía tiene pendientes buena parte de las reformas que prometió durante la campaña.
Laura Fernández asumió la Presidencia de Costa Rica el 8 de mayo de 2026, convirtiéndose en la segunda mujer en ocupar la Presidencia de la República. El Tribunal Supremo de Elecciones certificó su triunfo con 1.243.141 votos, equivalentes al 48,53% de los votos válidos, para el periodo constitucional 2026-2030.
Cien días después, el balance muestra un gobierno que ha avanzado con rapidez en colocar su agenda política, especialmente en seguridad, infraestructura, modernización del Estado y control del gasto, pero que también ha profundizado algunos de los conflictos institucionales que caracterizaron la administración anterior.
Un gobierno de continuidad
El primer elemento que define estos 100 días es que Laura Fernández no optó por una ruptura con el gobierno de Rodrigo Chaves.
Por el contrario, la nueva administración mantiene buena parte del discurso, las prioridades y el estilo político del periodo 2022-2026. Chaves ocupa ahora los ministerios de Hacienda y Presidencia, convirtiéndose en una figura con enorme peso dentro de la nueva administración.
Los primeros meses de la nueva administración han evidenciado la continuidad de la línea política asociada al chavismo, así como una marcada influencia del expresidente Rodrigo Chaves, quien mantiene presencia en temas que van más allá de las funciones específicas de cada cartera ministerial.
Fernández, además, ha mantenido la idea de construir una denominada “Tercera República”, concepto que plantea una transformación profunda del funcionamiento del Estado y de sus instituciones.
La propuesta, sin embargo, enfrenta una realidad matemática: aunque Pueblo Soberano controla una mayoría simple en el Congreso, sus 31 diputados no alcanzan los 38 votos necesarios para reformas constitucionales y otros asuntos que requieren mayoría calificada.
El gran punto fuerte: control político de la Asamblea
Uno de los mayores activos con los que comenzó este gobierno es el respaldo legislativo.
Pueblo Soberano obtuvo 31 de los 57 diputados, equivalente al 54% del Plenario. Se trata de una concentración de poder legislativo que no se veía en Costa Rica desde hace décadas.
La mayoría permitió al oficialismo controlar el Directorio Legislativo y obtener las presidencias de las tres comisiones con potestad legislativa plena. Esto le da una importante capacidad para definir prioridades, acelerar iniciativas y controlar buena parte de la agenda parlamentaria.
En términos políticos, este es probablemente el mayor punto alto de Fernández: por primera vez desde que asumió el poder, el Ejecutivo tiene una bancada suficientemente grande para evitar la tradicional dependencia de múltiples partidos para aprobar legislación ordinaria.
Pero existe una diferencia importante entre tener mayoría y tener control absoluto.
Para las grandes reformas constitucionales, cambios estructurales al Estado y otros proyectos que requieren mayorías calificadas, el Gobierno todavía necesita negociar con la oposición.
Ese será uno de los principales desafíos del periodo 2026-2030.
Los primeros resultados legislativos
Durante estos primeros meses, la Asamblea Legislativa ha logrado avanzar en varias iniciativas vinculadas con la agenda gubernamental.
Entre los resultados más visibles está la reforma que permite a JAPDEVA desarrollar infraestructura mediante alianzas estratégicas, iniciativa directamente vinculada con el proyecto de la Marina de Limón.
El proyecto fue aprobado en segundo debate el 25 de junio y establece controles de la Contraloría General de la República, además de reglas para las alianzas estratégicas y las futuras obras.
Para el Gobierno, la iniciativa representa una apuesta por atraer inversión, generar empleo y convertir a Limón en un polo turístico y económico. Las estimaciones oficiales hablan de una inversión cercana a los $800 millones y hasta 20.000 empleos directos e indirectos.
Otro proyecto relevante fue la Ley Marco de las Asociaciones Público-Privadas, aprobada en primer debate con 47 votos. La iniciativa pretende establecer un marco para desarrollar infraestructura mediante alianzas entre el sector público y empresas privadas.
También avanzó la reforma para ampliar las competencias de RECOPE y permitirle participar en la introducción de combustibles de transición. El proyecto terminó aprobado en segundo debate el 16 de julio.
A esto se suma la aprobación en primer debate del primer presupuesto extraordinario de 2026, con 54 votos, y otras iniciativas de carácter económico y administrativo.
Pero no todo ha sido avance
El ejemplo más evidente es el proyecto de jornadas laborales 4×3.
La iniciativa, considerada estratégica por el oficialismo y parte importante de su agenda económica, continúa atrapada en un proceso legislativo complejo. Durante la primera semana de discusión se presentaron cientos de mociones, reflejo de la fuerte oposición política al proyecto.
El caso demuestra una limitación de la mayoría oficialista: 31 votos permiten controlar buena parte de la agenda, pero no necesariamente garantizan una aprobación rápida cuando existe una oposición organizada y se utilizan los mecanismos reglamentarios para retrasar la discusión.
El gran fracaso institucional: los magistrados suplentes
Uno de los puntos más débiles del nuevo Congreso ha sido la incapacidad para completar la integración de la Sala Constitucional.
El 27 de mayo, la Asamblea volvió a intentar elegir a los nueve magistrados suplentes, pero no consiguió los votos necesarios. Los diputados de Pueblo Soberano votaron en blanco durante el proceso.
El problema no quedó allí.
La falta de nombramientos terminó convirtiéndose en uno de los principales detonantes de la crisis entre el oficialismo y la Sala Constitucional.
Cuando la Sala posteriormente prorrogó los nombramientos de magistrados suplentes para evitar un vacío institucional, la presidenta Fernández y 24 diputados oficialistas acusaron a cuatro magistrados de incurrir en un supuesto “golpe de Estado” y anunciaron una querella por prevaricato.
Más allá de la posición política de cada sector, el episodio constituye uno de los momentos más delicados de los primeros 100 días porque coloca directamente a dos poderes de la República en confrontación.
La relación con el Poder Judicial: el punto más bajo
Si existe un tema que puede definir políticamente los primeros 100 días de Laura Fernández, es su relación con el Poder Judicial.
La tensión se agravó particularmente por el presupuesto.
El Ministerio de Hacienda comunicó una reducción de ₡3.053 millones, equivalente al 42% del gasto operativo disponible para el Poder Judicial durante el segundo semestre. La institución advirtió que la medida podría afectar combustible, viáticos, horas extra, investigaciones, atención de escenas del crimen, juicios y otros servicios.
El Gobierno sostiene que se trata de una política de austeridad y control del gasto público.
Las autoridades judiciales, en cambio, consideran que el recorte tiene un componente político y advierten sobre sus consecuencias para la investigación criminal y el funcionamiento de la justicia.
El conflicto alcanzó un nuevo nivel cuando el oficialismo comenzó a impulsar cambios relacionados con el nombramiento del fiscal general.
El fiscal general Carlo Díaz ha cuestionado públicamente la política del Gobierno y ha advertido que trasladar la elección del fiscal a la Asamblea Legislativa podría afectar la independencia del Ministerio Público.
En otras palabras, la administración Fernández comenzó su mandato prometiendo una ofensiva contra el crimen organizado, pero simultáneamente terminó enfrentada con algunas de las instituciones encargadas de investigar y perseguir ese crimen.
Ese contraste es uno de los principales puntos de debate de estos primeros 100 días.
Seguridad: discurso fuerte, resultados todavía en construcción
La seguridad fue presentada desde el primer día como una de las principales prioridades del Gobierno.
Fernández anunció una política de mano dura contra el narcotráfico y el crimen organizado y planteó incluso la construcción de una megacárcel de alta seguridad.
Durante junio, el Ejecutivo presentó ante la Asamblea un paquete de seis proyectos para endurecer la legislación contra la reincidencia, las organizaciones criminales y el uso de pistas clandestinas, además de medidas relacionadas con el sistema penitenciario y la protección de policías y víctimas.
El Gobierno también estableció la denominada Fuerza Élite, un mecanismo de coordinación de las principales autoridades de seguridad nacional.
Uno de los acontecimientos de mayor impacto durante estos primeros meses fue la captura de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, señalado como uno de los principales líderes del crimen organizado del país. El operativo terminó con varios policías heridos y fue considerado un golpe relevante contra una estructura criminal.
Sin embargo, existe una diferencia entre resultados policiales y resultados de política pública.
La mayoría de las grandes reformas legales anunciadas por Fernández en seguridad todavía se encuentran en proceso legislativo. Por eso, al llegar a los 100 días, la política de seguridad tiene más proyectos anunciados que reformas estructurales ya consolidadas.
Economía: continuidad con un escenario diferente
En materia económica, Fernández heredó una situación fiscal que el oficialismo presenta como uno de los principales logros del periodo anterior, pero también un escenario que exige cautela.
El Gobierno ha colocado como prioridades la disciplina fiscal, reducción de deuda, modernización del Estado, atracción de inversión y desarrollo de infraestructura.
Entre los proyectos que busca impulsar están Ciudad Gobierno, la Marina de Limón, Crucitas, alianzas público-privadas, infraestructura vial y energética.
La venta del Banco de Costa Rica también continúa formando parte de la visión económica de la mandataria. Fernández ha planteado utilizar los recursos de una eventual venta para fortalecer el régimen de pensiones del IVM.
El problema es que varias de estas propuestas requieren procesos legislativos complejos, estudios técnicos y, en algunos casos, mayorías que el oficialismo no posee por sí solo.
Por eso, el balance económico de los primeros 100 días debe ser prudente: hay una hoja de ruta definida, pero muchos de los proyectos más ambiciosos todavía están en la etapa de legislación, planificación o discusión política.
¿Qué pasó con la “Tercera República?
Este concepto fue uno de los grandes ejes de la campaña de Fernández.
La mandataria ha hablado de una transformación profunda del Estado, modernización institucional y cambios en el sistema político.
Sin embargo, todavía no existe una transformación constitucional que pueda considerarse el nacimiento de una nueva República.
La explicación es sencilla: el oficialismo tiene 31 diputados y necesita 38 para las reformas constitucionales que requieren mayoría calificada.
Esto obliga a Fernández a escoger entre dos caminos: negociar con la oposición o intentar construir una presión política suficiente para modificar las reglas del juego.
Los próximos años mostrarán si la “Tercera República” termina siendo una reforma institucional concreta o principalmente una bandera política del movimiento oficialista.
La relación con los otros poderes
-Asamblea Legislativa: cooperación con límites
-La relación con el Legislativo comenzó favorablemente para Fernández.
-Pueblo Soberano controla el Directorio y las principales estructuras legislativas, lo que permite al Gobierno colocar sus prioridades en discusión.
-Pero los primeros meses también demostraron que tener mayoría simple no elimina la necesidad de negociar.
-La Marina de Limón y otros proyectos han conseguido consensos amplios, mientras que otros, como las jornadas 4×3 y los nombramientos judiciales, han generado fuertes choques.
Poder Judicial: confrontación abierta
-Es la relación más deteriorada.
-Presupuesto, magistraturas suplentes, Fiscalía y las decisiones de la Sala IV han convertido al Poder Judicial en el principal contrapunto institucional del Ejecutivo.
-La situación llegó a tal punto que cientos de personas participaron en una manifestación en San José en defensa de la independencia judicial, en lo que fue considerada una de las primeras grandes protestas contra la administración Fernández.
Tribunal Supremo de Elecciones
-La relación con el TSE es diferente.
-El Tribunal certificó la victoria de Fernández y entregó sus credenciales para el periodo 2026-2030.
-Sin embargo, el proceso electoral previo estuvo marcado por cuestionamientos hacia el sistema electoral y por un ambiente político altamente polarizado. Un informe de expertos de la Unión Europea señaló que durante la campaña hubo una importante cantidad de contenidos destinados a desacreditar a distintos actores, incluido el TSE.
Por ahora, la relación institucional parece mucho menos conflictiva que la existente con el Poder Judicial.
El gran factor: Rodrigo Chaves
Cualquier evaluación de los primeros 100 días de Laura Fernández queda incompleta si no se analiza el papel de Rodrigo Chaves.
Fernández ganó las elecciones como candidata de continuidad y su gobierno mantiene al expresidente en dos posiciones estratégicas: Hacienda y Presidencia.
La presencia de Chaves ha permitido mantener cohesionada la estructura política que llevó a Pueblo Soberano a obtener 31 diputaciones.
Fernández tiene ante sí la oportunidad de consolidar un liderazgo propio, fortalecer su visión de gobierno y demostrar la capacidad de impulsar una nueva etapa, con identidad y rumbo propios, a partir de los avances alcanzados en la administración anterior.
¿Cuál es el rumbo hacia 2030?
La ruta planteada por Fernández puede resumirse en cinco grandes ejes:
- Seguridad y mano dura.
Mayor capacidad policial, endurecimiento de penas, reformas penitenciarias, combate al narcotráfico y construcción de infraestructura de máxima seguridad. - Transformación del Estado.
Reducción de duplicidades institucionales, modernización administrativa, Ciudad Gobierno y una mayor concentración de la planificación estatal. - Infraestructura e inversión.
Marina de Limón, alianzas público-privadas, proyectos viales, infraestructura energética y otras obras consideradas estratégicas. - Reforma institucional.
La llamada “Tercera República” busca modificar la relación entre las instituciones y, particularmente, aumentar la capacidad de acción del Poder Ejecutivo frente a los órganos que el oficialismo considera obstáculos. - Educación y capital humano.
El plan de gobierno plantea fortalecer la educación científica y tecnológica, incluyendo la creación de nuevos colegios científicos, además de impulsar robótica, ciencias, tecnología e inglés.
El Gobierno también trabaja en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2027-2030, instrumento que deberá convertir las promesas políticas en metas y objetivos concretos para los cuatro años. Mideplan informó que el proceso ya se encuentra en marcha.
Un gobierno con mucho poder, pero también con grandes retos
Los primeros 100 días de Laura Fernández dejan una conclusión clara: el Gobierno comenzó con una fuerza política excepcional, pero también con un nivel de confrontación institucional que podría convertirse en su principal desafío.
Fernández tiene una ventaja que Rodrigo Chaves nunca tuvo durante su mandato: una mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa.
Eso le permite avanzar con mayor facilidad en proyectos ordinarios y establecer la agenda nacional.
Pero también tiene una desventaja: las expectativas son mucho mayores.
Los electores que votaron por continuidad no esperan únicamente discursos o proyectos presentados. Esperan resultados concretos en seguridad, infraestructura, empleo, educación, salud y costo de vida.
Y la oposición, por su parte, tiene ahora la responsabilidad de ejercer control político sin convertir cada iniciativa gubernamental en un bloqueo automático.
El verdadero balance de Laura Fernández, por tanto, no se definirá por los primeros 100 días.
Se definirá por lo que ocurra entre 2026 y 2030.
Si logra convertir su mayoría legislativa en acuerdos, leyes y obras concretas, podrá consolidar el proyecto de transformación que prometió.
Los primeros 100 días muestran que Laura Fernández tiene el poder político para intentar cambiar Costa Rica. La pregunta que queda abierta es si utilizará ese poder principalmente para construir una nueva etapa institucional o para profundizar la confrontación que heredó de la administración anterior.
El camino hacia 2030 apenas comienza.
