Laura Fernández y Patricia Vargas abren diálogo por restricciones al presupuesto judicial de 2027
Un abrazo, sonrisas y hasta un rosario bendecido por el papa marcaron el encuentro entre la presidenta de la República, Laura Fernández, y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas. Sin embargo, detrás de la cordialidad había un asunto pendiente: las restricciones que condicionarían el uso de casi ₡30 mil millones del presupuesto judicial para 2027.
La reunión, celebrada este lunes 9 de noviembre en Casa Presidencial, permitió abordar las preocupaciones del Poder Judicial sobre las normas de ejecución presupuestaria incluidas en el proyecto de Presupuesto Nacional para el próximo año.
Durante el encuentro, Vargas aclaró que su solicitud no consiste en obtener más recursos, sino en garantizar que el Poder Judicial pueda utilizar oportunamente los fondos que le sean asignados para cumplir con sus funciones constitucionales.
Casi ₡30 mil millones del presupuesto judicial estarían condicionados
De acuerdo con el proyecto de Presupuesto Nacional 2027, las restricciones afectarían ₡29.843,8 millones, equivalentes al 5,62 % del presupuesto judicial.
En total, 313 subpartidas estarían sujetas a requisitos y controles que podrían dificultar la ejecución de los recursos.
La preocupación de las autoridades judiciales radica en las posibles consecuencias de estas disposiciones para el funcionamiento institucional y la prestación de los servicios de justicia.
Tras el planteamiento de Vargas, el Poder Ejecutivo anunció la conformación de una mesa técnica para revisar las normas de ejecución presupuestaria cuestionadas.
Encuentro marca un nuevo acercamiento entre poderes
Más allá de la discusión presupuestaria, la reunión representa un acercamiento institucional en medio de los debates sobre la independencia judicial y las relaciones entre los poderes de la República.
Durante la gestión del anterior presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, se registraron diferencias con el Poder Ejecutivo. El entonces jerarca declinó invitaciones del Gobierno en un contexto marcado por cuestionamientos relacionados con la independencia judicial.
El encuentro entre Fernández y Vargas abre ahora un espacio de diálogo que podría facilitar la coordinación institucional, sin que ello implique renunciar a la autonomía de cada poder.
Este acercamiento también plantea el desafío de mantener canales de comunicación efectivos y, al mismo tiempo, preservar la separación de poderes establecida en la Constitución Política.
Presidentas de los supremos poderes se reunirán el 20 de noviembre
El diálogo institucional tendrá continuidad el próximo 20 de noviembre, cuando está prevista una nueva reunión en la sede del Poder Judicial.
Para ese encuentro se contempla la participación de Laura Fernández, por el Poder Ejecutivo; Patricia Vargas, por el Poder Judicial; Yara Jiménez, por el Poder Legislativo; y Eugenia Zamora, por el Tribunal Supremo de Elecciones.
La convocatoria busca ampliar los espacios de coordinación entre las instituciones responsables del funcionamiento democrático del país.
El principal desafío será que estos acercamientos se traduzcan en acuerdos concretos, especialmente en materia presupuestaria, sin comprometer la independencia de los poderes de la República.
Por ahora, la revisión de las restricciones presupuestarias anunciada por el Ejecutivo constituye uno de los primeros compromisos derivados del encuentro.


