El presidente de El Salvador, Nayib Bukele Ortez, fue oficializado como el candidato del Partido Nuevas Ideas (NI) para los comicios de febrero de 2024, en medio de serios señalamientos por presuntas violaciones a la Carta Magna salvadoreña.
Bukele, en el cargo desde 2019, ha levantado críticas de constitucionalistas quienes recurren a la Constitución para argumentar la ilegalidad de la posible reelección del actual mandatario tras el fallo de la Sala Constitucional que le da vía libre para mantenerse en el cargo.
De acuerdo a la Constitución de El Salvador, se estaría violando hasta cinco artículos al buscar la reelección consecutiva.
Destacan los artículos 88, 152, 154:
Art. 88.- La alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es indispensable
para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecidos. La violación de
esta norma obliga a la insurrección.
Art. 152.- No podrán ser candidatos a Presidente de la República:
1º.- El que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses,
consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis
meses anteriores al inicio del período presidencial.
Art. 154.- El período presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de
junio, sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones ni
un día más.
Defienden reelección
A pesar de la inconstitucionalidad que representa buscar la reelección, dentro de Nuevas Ideas -partido oficialista- defienden que es posible gracias al fallo de la Sala Constitucional y a una movida política que buscarían ejecutar en noviembre próximo.
Al basarse en el Artículo 152 de la Constitución Política, el oficialismo buscaría que Bukele renuncie en el penúltimo mes del año en curso y así poder presentarse a las elecciones de febrero; no obstante, el Artículo 156 establece que «los cargos de Presidente y de Vicepresidente de la República y los de Designados solamente son renunciables por causa grave debidamente comprobada, que calificará la
Asamblea».
Debido a lo anterior, la Asamblea Legislativa -de mayoría oficialista- deberá justificar la potencial renuncia del presidente Bukele.
La situación se presenta en medio de graves cuestionamientos a la administración Bukele Ortez por irregularidades y presuntas violaciones al orden democrático salvadoreño, principalmente por la destitución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General, Raúl Melara, en 2021 por parte de los diputados afines a Bukele.
Dicha situación otorgó control al poder ejecutivo de los otros dos supremos poderes, aspecto que ha llevado a diversas organizaciones internacionales a señalar a Bukele de «dictador».
