Dom. Abr 21st, 2024

La relatora especial de las Naciones Unidas para el derecho a la salud, Tlaleng Mofokeng, presentó su informe preliminar después de diez días de visita al país centroamericano, señalando que, a pesar de que la legislación garantiza el derecho a la salud, existen puntos preocupantes.

«Mientras Costa Rica ofrece una cobertura casi universal a través de la Caja Costarricense de Seguro Social y el sector privado», manifestó Mofokeng, también expresó que «la discriminación estructural resulta en un acceso diferenciado a los servicios de salud, lo cual es inaceptable».

Especialmente, destacó que se presentan problemas en temas de «edad, orientación sexual, identidad y expresión de género». Las personas LGBTI+ enfrentan «prejuicios, abusos y violencia debido a la exclusión del sistema de salud» debido a su condición sexual, lo que resulta en «niveles más altos de trastornos de salud mental y tasas alarmantes de intentos de suicidio», según Mofokeng.

La relatora también expresó su preocupación acerca de que la terapia de conversión no esté prohibida en el país.

Además, se constató que la salud mental en Costa Rica ha sido afectada considerablemente desde el inicio de la pandemia de covid-19, lo que ha generado una mayor demanda de servicios de salud mental y largos tiempos de espera para evaluaciones especializadas, especialmente entre los jóvenes.

«Es imperativo un cambio de enfoque urgente», concluyó Mofokeng tras reunirse con representantes de la sociedad civil.

Otro tema que preocupó a la experta fue la penalización del aborto, la cual consideró como una forma de discriminación basada en género. En Costa Rica, el aborto es considerado un delito, excepto en situaciones en las que la vida o la salud de la madre estén en peligro y el procedimiento sea inevitable por otros medios, según establece el Código Penal.

«La moral pública y las creencias religiosas no deben justificar la promulgación o aplicación de leyes que vulneren los derechos humanos», afirmó Mofokeng, y pidió al Estado que «imponga una moratoria» en la aplicación de las leyes penales relacionadas con el aborto, haciendo énfasis en que los médicos no deben denunciar a personas embarazadas que busquen abortar.