Dom. Abr 21st, 2024

El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Ricardo Pérez Manrique declaró ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que Nicaragua se encuentra “en desacato permanente”, con respecto a las medidas provisionales dictadas por este organismo a favor de 45 presos políticos detenidos en al menos 8 centros de detención de este país.

“Nicaragua, pese a las medidas adoptadas por la Corte no ha adoptado ninguna decisión en línea con lo que la Corte ha resuelto”, expresó el magistrado durante la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La Corte emitió en junio de 2021 una resolución en la que requirió al Estado nicaragüense la liberación “inmediata” de los aspirantes a la presidencia Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, así como para el expresidente del sector privado, José Adán Aguerri.

Resoluciones pasadas
Este organismo también emitió otras resoluciones en septiembre y noviembre de 2021, así como en mayo y octubre de 2022 sobre los presos políticos que tampoco fueron atendidas por gobierno nicaragüense liderado por Daniel Ortega.

La Corte dijo: «esto constitutye a un acto de desacato permanente a la obligatoriedad de las decisiones dictadas por este Tribunal, contrario al principio internacional de acatar sus obligaciones convencionales de buena fe y un incumplimiento al deber de informar al Tribunal, lo que pone en una situación de desprotección absoluta e incrementa la situación de riesgo en que se encuentran los beneficiarios”, indicó la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

¿Qué dice el gobierno de Ortega?
De acuerdo con la Corte Interamericana, el Estado de Nicaragua ha enviado 19 comunicaciones relacionadas al ex aspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro y otros opositores con medidas cautelares en las que ha manifestado el rechazo a estas “por considerar que las mismas siguen el guión impuesto por Estados Unidos e incluyen una narrativa parcializada”.

Actualmente, Nicaragua enfrenta una crisis sociopolítica que surgió hace cuatro años en este país tras protestas antigubernamentales que han dejado más de 300 muertos y miles de exiliados, según estadísticas del CIDH.

El gobierno de Ortega ha detenido a más de 200 opositores y ha liquidado a unas 3.000 organizaciones no gubernamentales tras señalarlas de intentar darle un golpe de Estado, algo que ha sido rechazado por la comunidad internacional.