Costa Rica celebró su salida de la lista gris de la Unión Europea (UE), un listado que identifica a países que no cumplen con los estándares de buena gobernanza fiscal en un plazo específico. Sin embargo, esta noticia llega acompañada de preocupación debido a un proyecto de ley que podría afectar este avance.
La UE mantiene dos listas relacionadas con la transparencia fiscal: la lista gris y la lista negra. La primera incluye a países que han mostrado compromiso para mejorar sus normativas fiscales, pero aún no han implementado los cambios necesarios.
La lista negra, por su parte, agrupa a naciones consideradas paraísos fiscales no cooperativos. Costa Rica había sido incluida en la lista gris en octubre de 2022, tras ser evaluada por el Código de Conducta de la UE sobre fiscalidad empresarial.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, destacó que la salida de la lista gris es un logro significativo para el país, ya que brinda mayor seguridad jurídica y atractivo para las inversiones extranjeras. «Esto demuestra que Costa Rica está comprometida con la transparencia fiscal y cumple con los estándares internacionales», afirmó Acosta.
Dudas sobre el proyecto
No obstante, esta victoria podría verse amenazada por el proyecto de ley 23.366, propuesto por la fracción del Partido Liberal Progresista (PLP). La iniciativa, que actualmente se encuentra en discusión en la corriente legislativa, busca modificar aspectos relacionados con la tributación de empresas extranjeras. Según expertos, si el proyecto es aprobado en su forma actual, podría generar retrocesos en los avances logrados y poner en riesgo la posición de Costa Rica ante la UE.
Primero Noticias consultó al oficialismo acerca de si están a favor o en contra del proyecto y nos indican que de momento tienen dudas al respecto y que estarían generando mociones en el mismo.
Organizaciones empresariales y analistas económicos han expresado su preocupación, señalando que cualquier cambio que afecte la transparencia fiscal del país podría llevar a que Costa Rica sea reinscrita en la lista gris o, en el peor de los casos, incluida en la lista negra. Esto tendría consecuencias negativas para la inversión extranjera y la imagen internacional del país.
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Mientras tanto, el gobierno hace un llamado a los diputados para que evalúen con cuidado el impacto del proyecto de ley 23.366 y prioricen la estabilidad fiscal del país. La salida de la lista gris es un paso importante, pero su consolidación dependerá de las decisiones que se tomen en los próximos meses en la Asamblea Legislativa.
Costa Rica se encuentra en un momento crucial, donde debe equilibrar las demandas internas con los compromisos internacionales para mantener su reputación como un destino confiable para la inversión y el desarrollo económico.
