Sala IV acepta recurso de amparo a favor del TEC

417 estudiantes dependen de una disputa por ¢492 millones

La falta de ¢492,9 millones destinados al funcionamiento del Tecnológico de Costa Rica (TEC) en Limón llegó hasta la Sala Constitucional. Los magistrados dieron curso a un recurso de amparo presentado por la universidad. La acción se dirige contra el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación Pública (MEP) y la Tesorería Nacional. El reclamo se relaciona con la suspensión de los giros correspondientes al último trimestre de 2026. La resolución, emitida el 10 de noviembre, permite analizar el caso, pero todavía no representa una sentencia a favor de la institución.

El conflicto se origina en el segundo presupuesto extraordinario de la República para 2026. Se trata del proyecto de ley n.° 25.803, presentado por el Gobierno ante la Asamblea Legislativa. La iniciativa contempla una reducción de ¢492.879.477 en las transferencias asignadas al TEC para octubre, noviembre y diciembre. Según la universidad, el MEP comunicó el 13 de octubre que no giraría esos recursos por disposiciones de Hacienda. Esto ocurrió pese a que los fondos estaban contemplados en la Ley de Presupuesto vigente.

Según lo planteado, el dinero permite sostener buena parte de las operaciones del Centro Académico de Limón. Allí estudian 417 personas y trabajan 68 funcionarios. Los recursos cubren salarios, servicios, becas y ayudas económicas para los estudiantes. Según la documentación presentada ante la Sala Constitucional, las remuneraciones financiadas con esta partida representan aproximadamente ¢90,56 millones mensuales. Las becas y ayudas requieren otros ¢34,63 millones al mes.

El TEC advierte que la falta de estos desembolsos podría provocar un cierre técnico de la sede. Esto significa que el centro podría quedarse sin recursos suficientes para mantener sus actividades habituales. Para evitar una interrupción del curso lectivo, la institución ha utilizado fondos propios para cubrir salarios y becas. Sin embargo, sostiene que esta alternativa no es sostenible. Actualmente, la sede ofrece carreras como Ingeniería en Computación, Ingeniería en Producción Industrial y Administración de Empresas.

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La universidad también cuestiona que las autoridades suspendieran los pagos antes de que la Asamblea Legislativa aprobara el presupuesto extraordinario. El TEC sostiene que las transferencias tienen respaldo legal. La Ley n.° 9131, aprobada en 2013, estableció una asignación para desarrollar sedes regionales. Además, el artículo 24 del título IV de la Ley n.° 9635 fue reformado mediante la Ley n.° 9732. Esa disposición establece garantías sobre los recursos destinados a las sedes regionales de las universidades públicas. Por esta razón, la institución considera que no corresponde eliminar esas transferencias.

Ante el reclamo, la Sala IV ordenó al ministro de Hacienda, al ministro de Educación Pública y al tesorero nacional presentar un informe bajo juramento. El plazo es de tres días hábiles, contados a partir de la notificación. Los jerarcas deberán responder a los hechos denunciados y aportar la documentación correspondiente. La resolución advierte que, si no presentan el informe, los hechos expuestos en el recurso podrían tenerse por ciertos. Sin embargo, los magistrados todavía no han ordenado devolver el dinero ni han determinado si las instituciones vulneraron derechos fundamentales.

La preocupación por el financiamiento universitario también alcanza la discusión del presupuesto de 2027. El TEC ha señalado que dos mociones legislativas plantean reducciones adicionales a los recursos de las universidades públicas. Una propone recortar ¢8.048,1 millones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). La otra plantea una reducción de ¢8.918,1 millones en las transferencias para gastos de operación. Estas propuestas corresponden a recortes distintos de los ¢492,9 millones destinados al Centro Académico de Limón para 2026. Mientras tanto, la rectora María Estrada y las autoridades universitarias mantienen gestiones para recuperar los fondos. Su objetivo es evitar que la falta de presupuesto afecte la continuidad de la educación superior en el Caribe.