Piden frenar traslados al CACCO con recurso de amparo

Una asociación solicitó frenar los traslados al centro penitenciario y aportó fotografías ante la Sala Constitucional

La Asociación Ayudando a los Privados de Libertad y sus Familias presentó un recurso de amparo para solicitar la suspensión de los traslados al Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO), ubicado en el complejo penitenciario La Reforma, en Alajuela. El escrito, fechado el 14 de octubre de 2026, cuestiona las condiciones de seguridad, privacidad y atención dentro de las instalaciones.

Entre sus principales argumentos, la organización advierte sobre el riesgo de ubicar en un mismo módulo a personas vinculadas con bandas criminales enfrentadas. Según expone, esa distribución podría provocar conflictos, agresiones e incluso homicidios. Por ello, solicita revisar los criterios de clasificación y separación de los internos antes de continuar con los traslados.

Otro cuestionamiento se relaciona con las condiciones de los baños y las duchas. La asociación sostiene que las instalaciones no ofrecen suficiente privacidad para realizar las necesidades fisiológicas o bañarse, debido a la falta de divisiones adecuadas. A su criterio, esta situación podría afectar la dignidad de las personas recluidas. Por eso, pide revisar las condiciones de uso de estos espacios.

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El recurso también advierte sobre posibles temperaturas elevadas dentro de los módulos. Según la organización, estas podrían superar los 38 grados y afectar especialmente a personas con diabetes, hipertensión y padecimientos cardíacos. Además, cuestiona la ventilación de las instalaciones. Sin embargo, los documentos aportados no incluyen mediciones técnicas que permitan confirmar las temperaturas denunciadas.

Como parte de la documentación adicional, la asociación incorporó fotografías de los locutorios destinados a las comunicaciones con abogados y familiares. También aportó imágenes de los baños, las duchas y las áreas colectivas. Además, cuestiona la cobertura de las cámaras de vigilancia en algunas zonas. La organización pide revisar estas condiciones para determinar si afectan la privacidad, la seguridad y el derecho de defensa de la población penitenciaria.

En cuanto al personal, el escrito señala que el centro tendría capacidad para albergar a 5.100 personas. También cuestiona la cantidad de policías penitenciarios y funcionarios administrativos disponibles. Sobre la atención médica, menciona dos médicos y dos enfermeros para una población que podría alcanzar las 5.000 personas. Estas cifras corresponden a lo expuesto por la asociación y requieren contrastarse con información oficial sobre la plantilla, los turnos y los servicios disponibles.

El 15 de octubre, un comprobante del Poder Judicial registró la entrega de dos documentos adicionales en el expediente 26-038494-0007-CO. Ambos fueron clasificados como pruebas para mejor resolver. Este registro confirma la presentación de la documentación, pero no constituye una resolución sobre el fondo del caso. La asociación solicita suspender los traslados mientras se analizan sus argumentos. No obstante, los documentos revisados no acreditan que la Sala Constitucional haya ordenado detenerlos ni que haya declarado probadas las denuncias.