La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) propuso la «explotación sostenible» de gas natural y petróleo en Costa Rica, con el objetivo de generar recursos fiscales para el Estado y mejorar la competitividad nacional. Según José Alvaro Jenkins, presidente de Uccaep, el país posee yacimientos de petróleo estimados en 3.215 millones de barriles, que tendrían un valor monetario potencial de $251.000 millones con el precio actual del petróleo de referencia WTI. Sin embargo, estas estimaciones parten de datos de 1997 de una empresa a la que Costa Rica autorizó perforaciones en zonas de Moín y Río Blanco (Limón), y el contrato fue anulado en 2005.
La propuesta de Uccaep se opone abiertamente a acuerdos internacionales que ha firmado Costa Rica y decretos vigentes orientados a impedir esas actividades en suelo nacional. En 2016, Costa Rica se adhirió al Acuerdo de París, un tratado internacional para mitigar emisiones de Gases de Efecto Invernadero, principalmente aquellas provenientes de quemar derivados del petróleo y gas natural. Además, la prohibición vigente a la actividad petrolera forma parte de la imagen de Costa Rica como destino verde y sostenible, lo que se ha convertido en una ventaja competitiva en la industria, comercio y atracción de inversiones.
La propuesta de Uccaep también plantea el problema de que la mayoría del dinero que se pueda obtener por una eventual explotación de este tipo saldría de Costa Rica en manos de empresas extranjeras que vendrían a extraer los recursos del suelo costarricense.