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¿Quién tiene la potestad de fijar las tarifas de autobús?
El aumento promedio de 6,87% en las tarifas de autobús reavivó la discusión política sobre quién tiene realmente la responsabilidad de definir cuánto pagan los usuarios del transporte público.
El tema llegó a la Asamblea Legislativa, donde se produjo un intercambio entre la diputada Norjelens Lobo y el oficialista Nogui Acosta alrededor del incremento y de la responsabilidad que puede tener el Gobierno frente al aumento en el costo de vida.
Sin embargo, la potestad legal para fijar las tarifas de autobús no corresponde a los diputados ni al Poder Ejecutivo. Esa competencia recae en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), que analiza los costos de operación y determina las tarifas de acuerdo con las metodologías vigentes.
La legislación costarricense otorga a ARESEP competencias exclusivas para fijar las tarifas de los servicios públicos regulados, entre ellos el transporte público remunerado de personas.
¿Por qué aumentaron los pasajes?
En este caso, uno de los principales factores detrás del ajuste fue el incremento en el precio del diésel.
El combustible pasó de ₡606 por litro en agosto a ₡785 en octubre, lo que representa un aumento acumulado de ₡179 por litro.
Este componente tiene un peso considerable en la estructura de costos del transporte público: según ARESEP, el combustible representa aproximadamente el 28% de los costos operativos de los autobuses.
La Autoridad Reguladora aprobó posteriormente un incremento promedio de 6,87% en las tarifas de autobús, mediante un ajuste extraordinario asociado al comportamiento de los combustibles.
Costa Rica depende de combustibles importados
Otro elemento que influye en este escenario es que Costa Rica importa el 100% de los combustibles terminados que consume, por lo que los precios nacionales están expuestos a las variaciones del mercado internacional, así como a los costos de importación.
Esto significa que factores externos, como cambios en la oferta y la demanda internacional, conflictos internacionales o variaciones en los costos logísticos, pueden terminar repercutiendo en el precio del diésel y, posteriormente, en los costos reconocidos para operar el transporte público.
¿Qué papel tienen el Gobierno y los diputados?
Aunque la decisión técnica y legal sobre cuánto debe costar el pasaje corresponde a ARESEP, las decisiones públicas pueden incidir en algunas de las variables que rodean el costo de los combustibles y del transporte.
El Poder Ejecutivo puede participar en políticas relacionadas con impuestos, energía, transporte o subsidios, mientras que los diputados pueden impulsar reformas legales, fiscalizar las decisiones públicas y cuestionar el impacto de los incrementos sobre los usuarios.
Pero la fijación concreta de la tarifa del autobús corresponde a ARESEP, que debe realizarla conforme a las metodologías tarifarias y los costos reconocidos para la prestación del servicio.
